Abogacía

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Si creés que la Justicia no es una noción abstracta, sino una construcción diaria que impacta en la vida de todas las personas y de tu comunidad, el Derecho es tu camino. Desde los principios teóricos de los estudios legales hasta el ejercicio diario de la resolución de conflictos, esta carrera te permitirá trabajar e incidir en diferentes ámbitos de tu realidad. A través de la Abogacía, podrás desarrollar una carrera para gestionar y solucionar problemáticas jurídicas de nuestro país, región y el resto del mundo, colaborando para una sociedad más equitativa y pacífica.

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    El principio constitucional como herramienta de justicia material frente a reglas generales en situaciones de vulnerabilidad
    (Universidad Siglo 21, 2025) Pérez, Francois Lucio Pierre
    La Argentina en las últimas décadas ha tenido grandes dificultades para brindar un acceso eficiente al sistema de salud de todas las personas de forma igualitaria. Ello es consecuencia de la crisis economía y política que atraviesa el país desde el año 2001, y que incidió en que el Estado Nacional y las obras sociales les resulte muy difícil cubrir las prestaciones necesarias y requeridas por los ciudadanos, sumado al crecimiento en la burocracia administrativa y la onerosidad de cada tratamiento específico que es requerido en particular. El fallo que vamos a analizar en adelante es un recurso de apelación presentado ante la Corte de Justicia de Salta en adelante (CJS), autos caratulado “Madrigal, Ana Mirta vs. Programa Federal Incluir Salud (Ex Profe) – Amparo” en donde el máximo tribunal de nuestra provincia debe determinar si el Programa Federal Incluir Salud y la Provincia de Salta deben suministrar de forma inmediata la medicación requerida para un tratamiento de cáncer de próstata o debe esperar los tiempos administrativos que requiere el proceso de entrega de medicación, teniendo presente que el amparado se encuentra en una situación de vulnerabilidad socioeconómica ya que solo cuenta con una pensión no contributiva (PNC). El Sr. Madrigal en cuestión no cuenta con una relación laboral formal, lo que trae aparejada la imposibilidad de acceder a una cobertura médica, ya sea en el marco del Sistema Nacional del Seguro de Salud como tampoco a través de una obra social de carácter provincial, razón por la cual se encuentra en el Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE) según Ley N° 13.478. En este fallo encontramos un caso difícil por contener un problema axiológico, donde se da una contradicción de un principio y una regla. El principio del derecho a la vida, derecho a la salud y las normas dictadas por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Salta.
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    “Interés superior del niño: Su preponderancia en un caso migratorio bajo la mirada de la Corte”
    (Universidad Siglo 21, 2025) Mercado, Luis Gaston
    Etimológicamente, “vulnerabilidad” nos lleva a vulnus, en latín “herida”, como la sensibilidad o susceptibilidad de resultar herido. Es propia de la naturaleza misma del ser humano. Así, es importante diferenciar si esta vulnerabilidad le cabe al individuo o a una comunidad o grupo (Sacristán, 2023). Definiremos genéricamente a la vulnerabilidad como “la condición de ciertas personas o grupos por la cual se encuentran en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos” (Espinosa, 2013, p. 25). Innegablemente forman parte de los denominados “grupos vulnerables” las personas menores de edad, requiriendo por parte del Estado y de la sociedad el reconocimiento como tal y las herramientas jurídicas necesarias para eliminar dicha vulnerabilidad, siendo una de ellas el principio del interés superior del niño (en adelante, ISN). Así, toda situación conflictiva donde se vean involucrados los derechos y garantías de los infantes, en tanto considerados especialmente vulnerables con una tutela preferencial, debe resolverse a la luz del mentado principio. Bajo la óptica de dicha temática, se analiza el fallo en autos “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa ‘C. G., A. c/ EN – DNM s/ recurso directo DNM’” dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante la Corte) con fecha 06/09/2022.
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    La infancia como Prioridad Judicial y Parental.
    (Universidad Siglo 21, 2025) Mantaras, Manuel
    La temática elegida es grupos vulnerables o personas en contexto de vulnerabilidad, la cual aborda la sentencia sobre la cual trabajaré. La presente nota analizará el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, G., A. J. c/ J., M. A. s/ cuidado personal de los hijos, con sentencia de fecha 16 de mayo del año 2024. Esta trata sobre vulnerabilidad o persona en contexto vulnerable. Este caso llega a conocimiento de la Corte en queja por denegación de recurso extraordinario interpuesto por la progenitora de un niño menor de edad. Es de vital relevancia el análisis de este fallo y es significativo porque fija precedente sobre la importancia de resolver teniendo en cuenta los intereses de la persona menor de edad, haciendo lugar a su escucha y teniendo como premisa que, antes que cualquier otra cuestión que pueda suscitarse en un enfrentamiento entre padres, progenitores o tutores de un niño, niña o adolescente, debe prevalecer siempre el interés superior del niño. Teniendo en cuenta el concepto, es que se incluye dentro de este grupo de personas vulnerables a los niños, niñas y adolescentes ya que se trata de sujetos que necesitan especial tutela porque se encuentran en riesgo constante de que sean vulnerados sus derechos; se hallan en situación de fragilidad, inferioridad e indefensión (Herrera, 2015). Además, se entiende por vulnerabilidad, en tanto estado vulnerable, como sinónimo de debilidad, fragilidad, inseguridad o flaqueza (sin., RAE).
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    Federación de organizaciones deportivas de la Argentina (FODA) contra GCBA sobre amparo - aplicaciones móviles-internet
    (Universidad Siglo 21, 2025) Tinte, Araceli Virginia de los Angeles
    En el presente fallo, merecedor de comentario, se plantea una controversia significativa en cuanto los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el ámbito deportivo y tecnológico de Argentina. La Federación de Organizaciones Deportivas de Argentina (FODA) ha iniciado una acción de amparo de carácter colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) argumentando que la falta de acceso a internet está infringiendo el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, derechos consagrados en la Constitución Local, la Constitución Nacional y también en Tratados Internacionales, con especial énfasis en la niñez y la adolescencia. Uno de los principales problemas jurídicos que se debió de resolver fue de relevancia jurídica, concebido como el problema de la determinación de la norma aplicable a un caso (Moreso y Vilajosana, 2004). El GCBA “enfatizó que la pretensión de autos no podría prosperar debido a que la Ley 6.295 fue dictada con posterioridad a la Ley de Presupuesto para el ejercicio del año 2020 (Ley 6.281), la cual no incluyó los gastos que demandaría la implementación de aquélla a la partida presupuestaria correspondiente. Asimismo, resaltó la promulgación de la Ley N° 6.301 mediante la cual se declaró en emergencia la situación económica y financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la entrada en vigencia de la Ley y hasta el 31 de diciembre de 2020, prorrogada por la Ley N° 6.384 hasta el 31 de diciembre de 2021”.
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    Mujeres criminalizadas por sobrevivir el estado de necesidad como límite al poder punitivo
    (Universidad Siglo 21, 2025) Amboage, Cynthia Daiana
    En la República Argentina, el artículo 5 inciso c de la ley 23.737 que modificación al Código Penal – Narcotráfico, establece la condena del transporte de estupefacientes, sin que se realice una valoración particular sobre los motivos de precariedad o marginación en las que, en ciertos casos, puede ser llegada a desarrollar la conducta delictiva. Esta falta de reconocimiento lleva a que se genere conflictos jurídicos particulares entre el principio de culpabilidad y el requerimiento de tener con considerar los contextos estructurales de vulnerabilidad, especialmente cuando la norma es aplicada a mujeres que se encuentran inmersas en contextos de pobreza, de violencia o de exclusión social, cuyas acciones suelen responder directamente a la necesidad inminente de garantizar a sus hijos y a ellas mismas la subsistencia diaria. Es en estos supuestos donde se vuelve necesario aplicar los lineamientos que marcan los tratados internacionales de derechos humanos, ya que la aplicación estricta de la norma puede llevar a profundizar las desigualdades estructurales y dar lugar a que se desatienda el enfoque de vulnerabilidad. La Cámara Federal de Casación Penal en “R., B. A. s/ Audiencia de sustanciación de impugnación” (05/04/2023), debió entender en la causa de una joven madre de tres hijos, que resultó detenida mientras transportaba un kilo de cocaína en su bolso. Mientras realizaba el traslado fue descubierta en un operativo de gendarmería de Salta y se procedió a su inmediata detención. La mujer fue acusada del delito de transporte de estupefacientes y se le fijó una pena de tres años de prisión condicional, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta, de la que finalmente resultó absuelta por considerar que su caso encuadraba en un estado de necesidad disculpante.
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    “El derecho a la salud integral frente a los límites prestacionales: análisis del fallo G., F. c/ Sancor Salud”
    (Universidad Siglo 21, 2025) Azar, Matias Jesús
    Los derechos sociales, también llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), son aquellos que buscan garantizar condiciones materiales mínimas que permitan a las personas desarrollar una vida digna. A diferencia de los derechos civiles y políticos, los derechos sociales requieren una acción positiva del Estado: se tratan de derechos que imponen un deber de prestación, como brindar educación, salud, vivienda o trabajo (Sagüés, 2002). En nuestro país, el reconocimiento constitucional de los derechos sociales se consolidó especialmente a partir de la Reforma Constitucional de 1994, mediante la incorporación del artículo 75 inciso 22, que otorgó jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos. El derecho a la salud es uno de los pilares del constitucionalismo social moderno. No se trata simplemente del acceso a medicamentos o tratamientos médicos, sino de un derecho integral que engloba aspectos físicos, mentales, sociales y culturales (Herrera & Caramelo, 2020). Supone que toda persona debe poder desarrollar su vida con el mayor grado de bienestar posible, y exige del Estado —y de los prestadores del sistema de salud— la implementación de políticas públicas eficaces, equitativas y sostenibles. Este enfoque está presente en la Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas en Rehabilitación Integral para las Personas con Discapacidad, y que establece el principio de integralidad de la cobertura, obligando a las entidades prestadoras a adecuar sus servicios a las necesidades concretas de cada persona, sin que pueda limitarse su cumplimiento por criterios económicos o administrativos.
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    Guarda y tutela: Identificación de la norma aplicable al caso, priorizando el interés superior del niño, niña y adolescente.
    (Universidad Siglo 21, 2025) Abrego, María Celina
    A partir de la lectura del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa 124.952, “J.S. Guarda a parientes”, que constituye una sentencia definitiva, se presenta una oportunidad para analizar una problemática que afecta la vida de un niño. El presente texto se propone abordar la relevancia jurídica de este fallo, analizando la interpretación de institutos clave en el derecho de familia y los principios de protección integral. El caso se enmarca en el ámbito del derecho de familia, un área dinámica que evoluciona constantemente con el desarrollo de la sociedad. Aborda una temática central vinculada a la protección de grupos vulnerables, específicamente los niños, niñas y adolescentes (NNyA). La vulnerabilidad es definida como “la cualidad de vulnerable”, y “vulnerable” como aquel “que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente” (Diccionario de la Real Academia Española, 2014). Esto denota la fragilidad humana y la necesidad de que el vulnerable reciba especial atención, protección y tutela.
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    “Abuso sexual infantil: una dolorosa realidad puertas adentro”
    (Universidad Siglo 21, 2025) Albert, Constanza Azul
    Cuando se habla de individuos vulnerables o en contexto de vulnerabilidad debe considerarse una situación de fragilidad, amenaza o posibilidad de sufrir algún perjuicio moral, físico, espiritual y/o emocional donde se presenta la incapacidad de reponerse una vez ocurrido el daño. La vulnerabilidad es una característica universal y connatural, en donde la persona está expuesta a la posibilidad de ser dañada, herida, situada en sectores desfavorables, en contextos sociales, culturales y/o económicos, impidiéndoles insertarse y desarrollarse en los diferentes ámbitos de la vida, logrando generar en la víctima confusión y rechazo incomparable. (López, M. (2021) Diagnóstico de abuso sexual en niñas y niños menores de 5 años) Para mayor entendimiento de la temática, se llevará a cabo el análisis del fallo elegido que se constituyó en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Córdoba, a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados “M.L.E. p.s.a. abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores agravada, etc. – Recurso de casación (SAC 7061766” del año 2022, con motivo del recurso de casación interpuesto en su condición de abogado defensor del imputado, en donde se visualiza el problema jurídico de determinación de la norma aplicable al caso que debe enfrentarse el tribunal a la hora de juzgar los hechos y la penalización impuesta al mismo.
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    El principio de máxima divulgación en el actual ordenamiento argentino: un análisis del fallo “B., C. y otro s/ control de legalidad - ley 26.061”
    (Universidad Siglo 21, 2025) Benitez Eichhorn, Melina Micaela
    A través del presente trabajo llevaré a cabo el análisis de la sentencia “B., C. y otro s/ control de legalidad - ley 26.061”, emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN en adelante). El decisorio hace lugar al recurso de queja, revoca la sentencia del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 23 que declaraba el estado de adoptabilidad de los infantes y disponía el cese de la convivencia con el matrimonio guardador. Además, ordenó mantener la guarda de los infantes a favor del matrimonio G. A. V. - H. E. de M. A la hora de resolver, los jueces de la CSJN se encontraron frente a un caso difícil. Siguiendo a Dworkin (1989), podemos afirmar que estamos frente a un caso difícil cuando existe incerteza, y esto puede darse por dos motivos: no existe una norma directamente aplicable o contamos con varias normas aplicables las cuales nos llevan a sentencias distintas. Destaca el rol fundamental que juegan los principios a la hora de resolver los casos complejos y es por lo que el autor se opone a la discreción del juez, haciendo hincapié en la importancia de que se le exija que justifique su decisión mediante la búsqueda de criterios y la construcción de teorías.
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    Conflicto de principios constitucionales: educación vs. división de poderes en el fallo “Falta de vacantes de NNA Villa 21-24”
    (Universidad Siglo 21, 2025) Rodríguez, Yanel Natalia
    En esta nota a fallo se analizará la temática DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales) más precisamente el derecho a la educación como derecho social. La educación se concibe como un derecho humano, social y fundamental, que reconoce a cada persona, comunidad y pueblo como titulares de ese derecho, y establece la responsabilidad del Estado de garantizar su pleno ejercicio (Castañeda, Cifuentes y Inostroza, 2024). Es debido a ello, que el derecho a la educación se encuentra garantizado en nuestra Constitución Nacional como así también en los tratados internacionales de derechos humanos consagrados por la misma, y que poseen igual jerarquía ante la ley. Tanto en nuestro país como a nivel mundial, la educación es un derecho fundamental para todo individuo dentro de una sociedad. Esta juega un papel crucial en la primera etapa de vida de una persona, ya que, durante estos primeros años formativos, se sientan las bases para el aprendizaje continuo y se cultivan habilidades cognitivas, emocionales y sociales que acompañarán a los individuos a lo largo de los años. La escuela, junto con la familia, son los principales agentes socializadores de los individuos ya que, mediante ellos, no solo moldeamos nuestra personalidad y comenzamos el proceso de adaptación en la sociedad, sino que también aprendemos valores, reglas y desarrollamos al máximo nuestras habilidades intelectuales (Sánchez Ríos, 2023).
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    Desafíos y Oportunidades para la inserción Laboral de Personas Trans en el Sector Privado: Un Análisis Jurídico y Social en Córdoba.
    (Universidad Siglo 21, 2025) Triverio, Carla Magalí
    Este trabajo analizó críticamente la inclusión laboral de personas trans en el sector privado de la provincia de Córdoba, abordando sus obstáculos estructurales y vacíos legales. El objetivo principal fue determinar en qué medida el marco jurídico vigente —nacional y provincial— garantiza la igualdad real de oportunidades para este colectivo históricamente vulnerado. La investigación, de carácter cualitativo, se desarrolló mediante un enfoque jurídico-dogmático y socio-normativo. Se analizaron normas (Ley 26.743, Ley 27.636, Ley 23.592, Ley 20.744 y Ley 10.508), jurisprudencia relevante y datos estadísticos recientes. El diseño fue no experimental, con análisis documental y enfoque descriptivo. Los resultados mostraron una persistente exclusión laboral de las personas trans, evidenciada en altos niveles de informalidad, estigmatización y desprotección normativa en el ámbito privado. Si bien la legislación reconoce derechos formales, carece de herramientas efectivas de implementación, seguimiento y sanción, especialmente en el sector empresarial. En la discusión se subrayó que la igualdad formal, sin acciones afirmativas ni políticas inclusivas obligatorias, reproduce la exclusión estructural. La jurisprudencia ha generado avances aislados, pero sin consolidación normativa. Se concluye que el acceso al empleo digno para personas trans requiere una reforma legislativa integral, la creación de mecanismos de control, incentivos para el sector privado y una transformación cultural que erradique los prejuicios de género.
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    Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
    (Universidad Siglo 21, 2025) Palacio, Yamina
    Frente a la llegada de hijos los diferentes regímenes laborales han concedido plazos que configuran las licencias por maternidad a las mujeres y también por paternidad a los varones (Caubet, 2013). Por otra parte, en la actualidad existen diferentes formas y/o herramientas para convertirse en padres y conformar una familia (Herrera, 2015). Lamentablemente, no todos estos progresos han sido receptados en el ordenamiento jurídico argentino, quedando así en total desprotección las familias que deben someterse a situaciones como lo es la denegación de la licencia a una mujer no gestante. En ese aspecto, las normas de la Ley de Contrato de Trabajo han quedado obsoletas (Bosch, 2020). Litterio (2019), supo advertir que es palmario el hecho de que la Ley de Contrato de Trabajo regula la cuestión de la protección de la maternidad, distinguiendo y excluyendo tanto al hombre como a la mujer ya que hay situaciones de familia no contempladas. Dentro de esos supuestos con lagunas normativas se ubica la madre por subrogación de vientre.
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    Despido Discriminatorio por Actividad Gremial: Análisis del Fallo "Salguero" y la Carga de la Prueba
    (Universidad Siglo 21, 2025) Ferrer, Franco Nicolás
    La presente nota al fallo se centra en el análisis de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Salguero, Manuel Domingo c/ Telecom Argentina S.A". Dicha sentencia resolvió la controversia que surgió a raíz del despido de un empleado que se negó a ser trasladado, aduciendo que la medida obedecía a su participación como delegado de hecho. La Corte Suprema, adhiriendo al dictamen del Procurador General de la Nación, revocó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, ratificando la doctrina sobre la inversión de la carga de la prueba en casos de despido por discriminación sindical. La trascendencia del fallo radica en el tratamiento de derechos fundamentales dentro de los DESCA (Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), tales como la libertad sindical y el derecho al trabajo.
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    “La efectividad del derecho a ser oído dependerá del respeto ineludible a ser informado”
    (Universidad Siglo 21, 2025) Centurión, Luciana Belén
    La selección del fallo reviste de suma importancia toda vez que se trata de derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, considerados grupos vulnerables y que los Estados tienen el deber especial de protección. En este caso en particular observamos principios reconocidos tanto a nivel nacional como internacional y nos preguntamos ¿el derecho del niño a ser escuchado debe transitar por caminos distintos al derecho a la debida información? Es trascendente el derecho que posee el niño a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta al momento de tomar decisiones que lo afecten directamente pero, no es menos trascendente que, para tomar una decisión libre que favorezca su interés, el niño debe recibir toda la información y el asesoramiento adecuado, sin imperios, respetando el espacio que se le brinde y favoreciendo un entorno adecuado donde el niño se sienta autónomo y respetado, creando condiciones aptas que le permitan ejercer su derecho a ser oído.
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    Fumigaciones, Población y Salud en la Jurisprudencia de Santa Fe
    (Universidad Siglo 21, 2025) Giménez Arif, Maximiliano
    El presente trabajo analiza un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia dictado en el año 2023, donde se manifiesta la limitación de la autonomía municipal frente a la supremacía constitucional a través de un factor determinante: la protección del medio ambiente y la salud y la dificultad inherente pero no insuperable de su carga probatoria. Las actuaciones se sustancian en el marco de una acción de amparo colectivo interpuesta por la Defensora General de Distrito Judicial n.º 11 de la ciudad de Rafaela en representación de un grupo de vecinos de la ciudad de Sastre y Ortiz. Los vecinos de la localidad lograron que se deje sin efecto la ordenanza municipal que demarcaba el rotundo límite para realizar fumigaciones en un radio de 100 metros (terrestres) y 1200 metros (vía aérea) y se imponga el límite de fumigaciones toxicológicas en 1000 metros vía terrestre y 1500 metros vía aérea.
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    Vulnerabilidad, trata y delitos conexos: competencia federal u ordinaria
    (Universidad Siglo 21, 2025) Ibañez, Agustin Emiliano
    Como bien lo expone Canay (2020), hablar de una población vulnerable es en realidad otorgar cierto atributo a dicha comunidad y, por ende, a los individuos que forman parte de ella, cuestión que se ve reflejada en fragilidad, desamparo e incluso precariedad. Esto conlleva a la formal convicción de que la fragilidad en los niños, y las vivencias que éstos enfrentan, los colocan en calidad de sujetos vulnerables a las vicisitudes que afrontan a lo largo de esta etapa de sus vidas. Un acto de adopción evidentemente expone a los niños a duras realidades que convergen y en las cuales resultan ser además el foco de atención, y muchas veces, de conflictos. Sobre todo, cuando en estos contextos se originan procesos judiciales en los cuales progenitores y adoptantes se disputan el ejercicio de los derechos vinculados a la responsabilidad parental de estos niños; y ello a la vez se complejiza frente a la disyuntiva que conlleva subsumir la plataforma fáctica en normas adecuadas al contexto de los hechos y que enerven eficazmente el principio rector en la materia: el interés superior del niño.
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    NNyA, grupos vulnerables necesitados de una tutela preferente ante conflictos argumentativos de tipo axiológico
    (Universidad Siglo 21, 2025) Benay, Gonzalo Jonathan
    Como bien lo expone Canay (2020), hablar de una población vulnerable es en realidad otorgar cierto atributo a dicha comunidad y, por ende, a los individuos que forman parte de ella, cuestión que se ve reflejada en fragilidad, desamparo e incluso precariedad. Esto conlleva a la formal convicción de que la fragilidad en los niños, y las vivencias que éstos enfrentan, los colocan en calidad de sujetos vulnerables a las vicisitudes que afrontan a lo largo de esta etapa de sus vidas. Un acto de adopción evidentemente expone a los niños a duras realidades que convergen y en las cuales resultan ser además el foco de atención, y muchas veces, de conflictos. Sobre todo, cuando en estos contextos se originan procesos judiciales en los cuales progenitores y adoptantes se disputan el ejercicio de los derechos vinculados a la responsabilidad parental de estos niños; y ello a la vez se complejiza frente a la disyuntiva que conlleva subsumir la plataforma fáctica en normas adecuadas al contexto de los hechos y que enerven eficazmente el principio rector en la materia: el interés superior del niño.
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    La Protección legal del embarazo en la causa Cerdera Sabrina C/ Clavero José J. y Otros.
    (Universidad Siglo 21, 2025) Leiva Diaz, Nicolás Ariel
    La presente disertación sobre el fallo que será el objeto de este trabajo de graduación final, trata sobre los derechos fundamentales en el mundo del trabajo. El caso en estudio está íntimamente relacionado con las perspectivas de género, más precisamente con la mujer embarazada. Esta problemática merece un análisis minucioso y detallado, debido a la complejidad que representa para precisar y dilucidar si existió violación al principio de buena fe, o si se configuró una discriminación hacia la mujer embarazada. Esta problemática se centra en la protección de la mujer embarazada en el mundo laboral, como dice en el fallo “Existe un corpus iuris compuesto por normas legales, constitucionales, supralegales, nacionales e internacionales, destinadas a brindar la más amplia protección a la mujer, a la maternidad, al niño y a la familia...” (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IX, Sentencia: MJ-JU-M-93959-AR MJJ93959. 2015).
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    “Acceso a la Información Pública Ambiental en la Provincia de Santa Fe”
    (Universidad Siglo 21, 2025) Grau, Rafael Ramón
    El presente trabajo analizó la normativa vigente en materia de acceso a la información pública ambiental descrita en el ordenamiento jurídico internacional, nacional y de la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe, ajustado en el análisis propio que ofrece la doctrina y la opinión de otros actores sociales que, con un enfoque cualititativo de alcance descriptivo, facilitó alcanzar el objetivo general de la investigación, que se basó en identificar y analizar cuál es el procedimiento alternativo que posee la ciudadanía santafesina para acceder a tal información, al no contar con normativa específica en la jurisdicción; incluyendo pues, la mirada particular de algunos referentes ambientalistas y legisladores. Así, se exploró la Ley General del Ambiente (Ley N.º 25.675), la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental (Ley N.º 25.831), la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N.º 27.275) y, además, la Ley Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Ley N.º 11.717) y el Decreto Provincial N.º 0692, que regula el mecanismo de acceso a la información pública. La tarea determinó la inexistencia de una ley provincial complementaria de la ley nacional junto a la demanda efectiva de una norma acorde a los nuevos tiempos, que deshaga la burocracia y permita ejercer plenamente un derecho tan importante para la ciudadanía. Por tanto, se obtuvo que todo santafesino habrá de valerse de la Ley de Presupuestos Mínimos para requerir información ambiental, complementada por otras disposiciones locales.
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    Límites del poder punitivo frente a contextos de vulnerabilidad estructural
    (Universidad Siglo 21, 2025) Constanzo, Raúl Nicolás
    La presente nota a fallo analiza la tensión entre el deber punitivo estatal frente al delito de transporte de estupefacientes, previsto en la Ley 23.737 y art. 45 del Código Penal, y la aplicación del estado de necesidad disculpante —eximente de culpabilidad regulado en el art. 34 inc. 2 del Código Penal— en casos donde la conducta se origina en una necesidad vital insoslayable, particularmente en contextos de extrema vulnerabilidad. El caso “R., B. A. s/ audiencia de sustanciación de impugnación”, resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal el 5 de abril de 2023, revisa una condena impuesta por transporte de estupefacientes (art. 5 inc. c, Ley 23.737 y art. 45 del Código Penal). Frente al recurso de la defensa, el mencionado tribunal absolvió a la imputada valorando su situación de extrema vulnerabilidad, en tanto que se trataba de una madre soltera de tres hijos, víctima de abusos sexuales y violencia de género; además, se encontraba en situación de indigencia, habitando una vivienda que no contaba con servicios indispensables como luz y agua potable.