Abogacía

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El derecho a ser oído en menores penalmente irresponsables: ¿prerrogativa u obligación?
(Universidad Siglo 21, 2024-06-28) Balut, Guillermina Paola; Direnna Oroda, Héctor Yamil Agustín
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “H., A. O. s/ infracción Ley 23.737”, relativa al alcance del derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema penal por su edad. El caso se originó a partir de una investigación por narcotráfico en la provincia de Santa Fe, donde un adolescente de quince años fue hallado en un inmueble en el que se secuestraron estupefacientes y un arma de fuego. Frente a ello, el juez de primera instancia ordenó su convocatoria a prestar declaración indagatoria, medida que fue confirmada por los tribunales superiores bajo el argumento de garantizar el ejercicio de su derecho a ser oído. El problema jurídico central consistió en determinar si la declaración indagatoria, instituto propio del proceso penal aplicable a personas imputables, podía ser utilizada para satisfacer la garantía reconocida en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Corte Suprema concluyó que dicha medida resultaba incompatible con el régimen penal de minoridad y con los estándares internacionales de protección de la infancia, ya que el derecho a ser oído constituye una facultad del menor y no una obligación impuesta coercitivamente. Asimismo, sostuvo que los menores de dieciséis años carecen de calidad para ser imputados penalmente y que corresponde aplicar los mecanismos específicos previstos por la legislación especial. Se concluye que el fallo reafirma la necesidad de garantizar la protección integral de los niños en conflicto con la ley penal, priorizando el interés superior del niño y el respeto efectivo de sus derechos fundamentales.
La Cámara Federal de la Seguridad Social y el acceso a la justicia de las personas vulnerables
(Universidad Siglo 21, 2025-02-27) Abraham, Zahira Yael; Bustos, Carlos Isidro
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Giménez, Rosa Elisabe c/ Comisión Médica Central y/o ANSeS s/ recurso directo ley 24.241”, vinculada con el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. El caso se originó a partir del reclamo previsional de Rosa Elisabe Giménez, quien solicitó una pensión derivada por discapacidad y cuestionó la competencia exclusiva de la Cámara Federal de la Seguridad Social para revisar las decisiones de la Comisión Médica Central, debido a la considerable distancia entre su domicilio en Salta y la sede del tribunal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El problema jurídico central consistió en determinar si la regla de competencia prevista en el artículo 49, inciso 4, de la Ley 24.241 resultaba compatible con el principio constitucional de acceso efectivo a la justicia cuando se aplica a personas con discapacidad y en condiciones de especial vulnerabilidad. La Corte concluyó que la concentración de estos recursos en un único tribunal federal constituía una barrera irrazonable para el ejercicio de los derechos fundamentales de la actora, al imponerle cargas económicas, geográficas y temporales desproporcionadas. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de la norma cuestionada y ordenó la remisión de la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Se concluye que el fallo fortalece la tutela judicial efectiva de los grupos vulnerables y reafirma la obligación estatal de remover obstáculos que limiten el acceso igualitario a la justicia.
Importancia de la medida cautelar de no innovar en la protección del medio ambiente
(Universidad Siglo 21, 2025-02-26) Scauso, Marcos Daniel; Bustos, Carlos Isidro
La presente nota a fallo analiza la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en la causa “Helacor S.A. c/ Municipalidad de Córdoba y otro - Amparo (Ley 4915)”, vinculada con la adopción de medidas cautelares ambientales orientadas a prevenir daños derivados de la gestión de residuos sólidos urbanos. El conflicto se originó cuando la empresa CORMECOR S.A., encargada de la disposición final de residuos, pretendió restringir el ingreso de desechos generados por la firma HELACOR S.A. debido a controversias vinculadas al pago de tarifas por el servicio prestado. El problema jurídico central radicó en la tensión entre las disposiciones contractuales propias del derecho privado y los principios superiores de protección ambiental reconocidos constitucionalmente. El tribunal debió determinar si correspondía mantener una medida cautelar de no innovar destinada a garantizar la continuidad del servicio de recepción y disposición final de residuos mientras se resolvía la cuestión de fondo. La decisión confirmó parcialmente la cautelar, priorizando la tutela preventiva del ambiente y la preservación de la salud pública, aunque revocó la suspensión del cobro de la tarifa cuestionada. Los fundamentos se apoyaron en los principios de prevención y precaución consagrados en la Ley General del Ambiente y en la normativa ambiental provincial, destacando la necesidad de evitar riesgos ambientales aun cuando no exista certeza absoluta sobre la magnitud del daño potencial. Se concluye que el fallo reafirma el rol activo del Poder Judicial en la protección de bienes colectivos y consolida la función preventiva de las medidas cautelares dentro del derecho ambiental argentino.
La prescripción de la acción penal en los delitos de abuso sexual infantil: del sobreseimiento a los juicios por la verdad
(Universidad Siglo 21, 2025-02-26) Dominguez Zemleduch, Andrea Roxana; Caramazza, María Lorena
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en la causa “F. y Q. c/ R. A., M. E. p/ abuso sexual s/ recurso ext. casación”, vinculada con la prescripción de la acción penal en delitos de abuso sexual infantil denunciados décadas después de ocurridos los hechos. El caso se originó a partir de la denuncia formulada por una mujer de 26 años contra su padre por hechos de abuso sexual cometidos cuando ella tenía entre once y doce años de edad. El problema jurídico central consistió en determinar si las modificaciones introducidas por las leyes 26.705 y 27.206 al régimen de prescripción podían aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigencia o si ello implicaría una vulneración de los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal y debido proceso. El tribunal concluyó que las reformas legales no podían aplicarse retroactivamente por tratarse de normas comprendidas dentro del concepto de ley penal, confirmando así el sobreseimiento por prescripción de la acción penal. Asimismo, rechazó la tesis que atribuía carácter meramente interpretativo a dichas reformas legislativas. El fallo expone la tensión existente entre las garantías constitucionales del imputado y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Se concluye que la sentencia reafirma la vigencia de los principios rectores del derecho penal, aunque deja abierta la discusión sobre mecanismos alternativos de reparación y acceso a la verdad para las víctimas de abuso sexual infantil cuyos procesos penales han prescripto.
Armonización entre el derecho al medio ambiente sano y el derecho de propiedad
(Universidad Siglo 21, 2025-02-26) Fiume, Franco; Caramazza, María Lorena
La presente nota a fallo analiza la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mercau, María del Rosario y otro c/ Municipalidad de Merlo s/ acción contencioso administrativa”, referida a la tensión existente entre el derecho de propiedad privada y la protección del medio ambiente. El caso se originó a partir de la declaración de 190 hectáreas pertenecientes a los actores como Zona Turística T4 “Reserva Natural Protegida”, mediante normativa municipal que restringió significativamente las posibilidades de uso, construcción, loteo y aprovechamiento económico del inmueble. El problema jurídico central consistió en determinar si dichas limitaciones configuraban una restricción administrativa legítima derivada de las facultades estatales de ordenamiento territorial o si, por su intensidad y alcance, constituían una afectación sustancial del derecho de propiedad susceptible de indemnización. La Corte Suprema reconoció la validez de las políticas públicas orientadas a la preservación ambiental y destacó la importancia del principio in dubio pro natura en la protección de los recursos naturales. Sin embargo, concluyó que las restricciones impuestas excedían los límites de una mera regulación administrativa, ya que desnaturalizaban el ejercicio del derecho de propiedad al impedir prácticamente toda explotación económica del bien. En consecuencia, consideró procedente la reparación patrimonial derivada de la actividad estatal lícita. Se concluye que el fallo constituye un precedente relevante en materia de derecho urbanístico ambiental, al reafirmar la necesidad de armonizar los intereses colectivos vinculados al ambiente con la tutela efectiva de los derechos constitucionales de los particulares.
Acceso al derecho de salud a personas con discapacidad
(Universidad Siglo 21, 2024-06-29) Flores Avila, Yazmin Karen; Quintanilla, María Alejandra
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “C., M. L. y B., H. M. en nombre de su hija menor, V. A. B. c/ Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas s/ amparo ley 16.986”, vinculada con el acceso a prestaciones de salud para una niña con discapacidad diagnosticada con atrofia muscular espinal tipo II. El caso se origina a partir de la negativa de la obra social demandada a brindar cobertura integral del medicamento Nusinersen, argumentando su carácter experimental, la falta de aprobación administrativa y el elevado costo del tratamiento. El problema jurídico central radica en la determinación de la normativa aplicable ante la derogación de una resolución ministerial que había incorporado la prestación al Programa Médico Obligatorio, así como en la ponderación entre principios vinculados al derecho a la salud, a la vida y a la protección integral de las personas con discapacidad. La Corte Suprema confirmó la sentencia favorable a la menor al considerar que el tratamiento había sido iniciado bajo la vigencia de la normativa correspondiente y que la continuidad de la cobertura constituía una obligación exigible para la obra social. Asimismo, destacó la especial protección que merecen los niños con discapacidad conforme a la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la legislación específica vigente. Se concluye que el fallo reafirma la tutela reforzada del derecho a la salud de las personas vulnerables y consolida criterios orientados a garantizar el acceso efectivo a tratamientos indispensables para preservar la vida y la calidad de vida.
Protección ambiental vs. derechos de propiedad. Análisis jurídico
(Universidad Siglo 21, 2024-06-30) Gaillard, Milton Luca; González, Carlos Gabriel
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mercau, María del Rosario y otro c/ Municipalidad de Merlo s/ acción contencioso administrativa”, vinculada con la tensión existente entre la protección ambiental y el derecho constitucional de propiedad. El caso se originó a partir de la declaración de un inmueble de 190 hectáreas como Reserva Natural Protegida dentro del ordenamiento territorial del municipio de Villa de Merlo, medida que impuso severas restricciones al uso, loteo y desarrollo de la propiedad privada. El problema jurídico central consistió en determinar si las limitaciones impuestas por las ordenanzas municipales constituían una regulación legítima orientada a la preservación ambiental o si configuraban una afectación desproporcionada que desnaturalizaba el derecho de propiedad. La Corte Suprema concluyó que las restricciones excedían los límites razonables de la potestad regulatoria estatal, al impedir prácticamente cualquier explotación económica del inmueble sin prever una compensación adecuada para los propietarios. Asimismo, consideró arbitraria la decisión del tribunal provincial que había rechazado el reclamo indemnizatorio de la parte actora. El fallo destaca la necesidad de armonizar los principios ambientales con las garantías constitucionales patrimoniales, mediante medidas proporcionales y razonables que no vacíen de contenido los derechos individuales. Se concluye que la sentencia reafirma la obligación estatal de compatibilizar la protección ambiental con el respeto al derecho de propiedad, estableciendo un relevante precedente sobre los límites de las restricciones administrativas en materia territorial y ambiental.
Justicia y vulnerabilidad: la lucha por la valoración de la prueba en casos de abuso sexual
(Universidad Siglo 21, 2025-02-26) Avaca, Lihuen Tomas; Calderon, Laura Alejandra
La presente nota a fallo examina la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Recurso de hecho deducido por E. M. D. G. en la causa Rivero, Alberto y otro s/ abuso sexual”, vinculada con hechos de violencia sexual perpetrados contra una mujer privada de su libertad en dependencias de Gendarmería Nacional. El caso se originó a partir de la absolución de los imputados por parte de los tribunales inferiores, quienes consideraron insuficientes los elementos probatorios aportados por la víctima y cuestionaron la consistencia de sus declaraciones. El problema jurídico central consistió en determinar si la valoración de la prueba había sido realizada conforme a los estándares específicos aplicables a los casos de violencia de género y a las situaciones de especial vulnerabilidad. La Corte Suprema concluyó que las instancias anteriores efectuaron una apreciación arbitraria de la prueba, desatendiendo la amplitud probatoria prevista por la Ley 26.485, los compromisos asumidos por el Estado argentino en la Convención de Belém do Pará y los criterios desarrollados por la jurisprudencia interamericana. Asimismo, destacó la relevancia del testimonio de la víctima en delitos sexuales, la necesidad de erradicar estereotipos discriminatorios en el razonamiento judicial y la obligación de considerar el contexto de vulnerabilidad derivado de la privación de libertad y la relación desigual de poder entre víctima y agresor. Se concluye que el fallo fortalece la tutela judicial efectiva de las mujeres víctimas de violencia sexual y consolida estándares probatorios con perspectiva de género y derechos humanos.
¿Cómo debe efectuarse la valoración probatoria en los casos de violencia sexual?: una mirada desde la perspectiva de género
(Universidad Siglo 21, 2024-06-30) Domínguez, Juan Martín; Minguez Pera, Guillermo Daniel
La presente nota a fallo analiza la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Recurso de hecho deducido por E. M. D. G. en la causa Rivero, Alberto y otro s/ abuso sexual”, vinculada con la valoración de la prueba en delitos de violencia sexual cometidos contra una mujer privada de su libertad. El caso se originó a partir de la absolución de los imputados por parte de los tribunales inferiores, fundada en supuestas inconsistencias del relato de la víctima y en la insuficiencia probatoria para alcanzar el grado de certeza requerido para una condena penal. El problema jurídico central radicó en determinar si la prueba producida había sido valorada conforme a los estándares aplicables a los casos de violencia de género y si el principio de inocencia podía coexistir con la obligación de juzgar con perspectiva de género. La Corte Suprema concluyó que las instancias anteriores realizaron una apreciación arbitraria de los elementos probatorios, apartándose del principio de amplitud probatoria previsto por la Ley 26.485 y de los estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, destacó la relevancia del testimonio de la víctima en delitos sexuales, la especial situación de vulnerabilidad derivada de su condición de mujer detenida y la necesidad de evitar razonamientos sustentados en estereotipos de género. Se concluye que el fallo constituye un precedente significativo para consolidar criterios de valoración probatoria compatibles con la tutela efectiva de los derechos humanos y el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual.
El sistema judicial frente al abuso sexual con acceso carnal: justicia penal y protección de las víctimas
(Universidad Siglo 21, 2025-02-25) Audisio, Martina Daniela; Caramazza, María Lorena
La presente nota a fallo analiza la sentencia n.° 143 dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en la causa “G., S.A. p.s.a. abuso sexual con acceso carnal - Recurso de Casación”. El caso tiene como eje el juzgamiento de delitos sexuales cometidos contra una persona menor de edad con discapacidad y la valoración de los mecanismos probatorios utilizados durante el proceso penal. El problema jurídico central se vincula con la impugnación de una pericia psicológica realizada a la víctima y con la discusión acerca de la correcta calificación legal de los hechos atribuidos al imputado. La defensa sostuvo la nulidad de la prueba pericial por afectación del derecho de defensa y cuestionó la subsunción jurídica efectuada por el tribunal de mérito. El Tribunal Superior rechazó los agravios planteados al considerar que la actuación profesional cuestionada se ajustó a las disposiciones procesales vigentes y que la prueba reunida resultaba suficiente para acreditar la materialidad del hecho y la responsabilidad penal. Asimismo, destacó la especial situación de vulnerabilidad de la víctima, derivada de su condición de niño y de persona con discapacidad, reafirmando la necesidad de adoptar un enfoque de protección reforzada conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Se concluye que el fallo constituye un precedente relevante al fortalecer la tutela judicial efectiva de víctimas vulnerables y al consolidar criterios de valoración probatoria compatibles con el acceso a la justicia y la protección integral de sus derechos.
Garantías procesales vs. protección del menor: un equilibrio necesario
(Universidad Siglo 21, 2025-02-25) Rodriguez, María Laura; Falzetti, Paula Virginia
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “G., G. E. s/ abuso sexual agravado por la convivencia y el parentesco”, vinculada con la protección de los derechos de un niño víctima de abuso sexual intrafamiliar. El caso se origina a partir de la anulación de una sentencia condenatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, fundada en presuntas irregularidades procesales durante la deliberación judicial. Frente a dicha decisión, la Corte nacional debió resolver la tensión existente entre el respeto de las garantías procesales y la protección reforzada que corresponde otorgar a las personas menores de edad. El trabajo identifica como problema jurídico central una controversia axiológica entre normas procesales y principios de jerarquía constitucional, particularmente el interés superior del niño. A partir del análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial, se examinan los fundamentos que llevaron al máximo tribunal a considerar arbitraria la nulidad declarada y a privilegiar una interpretación orientada a evitar la revictimización de la víctima. La sentencia destaca el derecho del niño a ser oído, la necesidad de prevenir daños psicológicos derivados de reiteradas intervenciones judiciales y la obligación estatal de adoptar medidas de protección eficaces. Se concluye que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar que los formalismos procesales no pueden prevalecer sobre la tutela integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales.
El desafío de la justicia en casos de doble vulnerabilidad: hacia una protección integral para las víctimas
(Universidad Siglo 21, 2024-11-17) Dorman, Chloé Julieta; Pereda, Gonzalo
El presente trabajo analiza el fallo B., A. O. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de examinar la protección jurídica de las víctimas que presentan una situación de doble vulnerabilidad por ser simultáneamente niñas y mujeres. El caso se origina en una investigación por abuso sexual agravado atribuido al progenitor de una menor de edad, en la que las instancias inferiores dispusieron el sobreseimiento del imputado mediante una valoración fragmentaria de la prueba y sin contemplar adecuadamente el contexto de violencia de género y vulnerabilidad. El problema jurídico identificado es de relevancia, dado que los tribunales intervinientes omitieron la aplicación e interpretación de normas y tratados destinados a la protección especial de niñas, niños y mujeres. El análisis se centra en los fundamentos desarrollados por la Corte Suprema para dejar sin efecto la sentencia apelada, destacando la necesidad de valorar integralmente los informes interdisciplinarios, las circunstancias familiares y los estándares de protección previstos en la legislación nacional e internacional. Asimismo, se examinan los aportes doctrinarios y jurisprudenciales vinculados con la vulnerabilidad, la interseccionalidad, la violencia de género y la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Se concluye que la sentencia constituye un precedente relevante para garantizar una tutela judicial efectiva de las víctimas en situación de doble vulnerabilidad y reafirma la obligación de juzgar con perspectiva de género e interés superior del niño.
Animales sintientes: ¿objetos o sujetos de derecho? Hacia un nuevo paradigma en el ordenamiento jurídico
(Universidad Siglo 21, 2025-03-05) Cerutti, Fernando; Gastaldi, Paula
El presente trabajo analiza el fallo “Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (A.F.A.D.A. ONG) c/ Zoológico Bubalcó s/ Amparo (F) - Apelación”, dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro el 9 de mayo de 2023. La investigación aborda la problemática vinculada al estatus jurídico de los animales y la tensión existente entre su consideración como objetos de derecho y las nuevas corrientes que los reconocen como seres sintientes o posibles sujetos de derecho. El caso tiene como eje el traslado del chimpancé Toti desde el zoológico Bubalcó hacia un santuario especializado, en función de las condiciones de cautiverio acreditadas mediante prueba pericial. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, dado que confronta el ejercicio del derecho de propiedad invocado por el establecimiento zoológico con principios superiores vinculados a la protección ambiental, la biodiversidad y el bienestar animal. El análisis examina los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales empleados por el tribunal para priorizar la tutela del ambiente y de la fauna por sobre intereses patrimoniales individuales. Asimismo, se estudian antecedentes doctrinarios y fallos relevantes, como los casos “Sandra” y “Cecilia”, que contribuyeron al desarrollo de nuevas concepciones jurídicas sobre los animales no humanos. Se concluye que la sentencia constituye un avance significativo en la protección judicial de los animales, aunque el tribunal evitó pronunciarse expresamente sobre su condición de sujetos de derecho, manteniéndose dentro del paradigma proteccionista vigente.
Garantía de igualdad jurídica en los adultos mayores
(Universidad Siglo 21, 2024-06-03) Vera, Gabriela Nicolasa; Cola, María Soledad
El presente trabajo analiza el fallo “Garay, Corina Elena c/ ANSES s/ reajustes varios”, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el propósito de examinar la protección jurídica otorgada a las personas mayores frente a situaciones de vulnerabilidad en el acceso a la justicia. El caso se originó a partir de la negativa de reintegrar, dentro del mismo proceso judicial, sumas retenidas en concepto de impuesto a las ganancias sobre haberes previsionales, exigiendo a la actora iniciar un nuevo trámite ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. El problema jurídico identificado es de carácter axiológico, dado que la aplicación de reglas procesales formales entró en conflicto con principios constitucionales superiores vinculados con la igualdad, la tutela judicial efectiva y la protección especial de los adultos mayores. El análisis aborda los fundamentos desarrollados por la Corte Suprema, particularmente la valoración de la edad avanzada de la actora y la necesidad de evitar cargas procesales irrazonables que puedan frustrar el ejercicio efectivo de derechos de naturaleza alimentaria. Asimismo, se examinan antecedentes doctrinarios, jurisprudenciales y normativos relacionados con el derecho a la igualdad, la no discriminación y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se concluye que la decisión del Máximo Tribunal fortalece la protección diferenciada de este grupo vulnerable, garantiza un acceso más efectivo a la justicia y reafirma la obligación estatal de remover obstáculos que impidan el pleno ejercicio de derechos fundamentales.
Minería sustentable y tutela del agua: la constitucionalidad de la Ley 7722 de Mendoza según la CSJN
(Universidad Siglo 21, 2024-02-24) Cirmi, Bernardo Nicolás; González Goncálves Piazza, Giselle
El presente trabajo analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en la causa “Minera San Jorge S.A. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ acción de inconstitucionalidad”, referido a los límites constitucionales de la regulación ambiental provincial frente a la actividad minera. El caso se originó a partir de la impugnación de la Ley 7722 de Mendoza, norma que restringe el uso de determinadas sustancias químicas en procesos de minería metalífera con el objetivo de proteger los recursos hídricos provinciales. El problema jurídico central identificado es de naturaleza axiológica, ya que enfrenta el derecho a un ambiente sano y al acceso al agua con los derechos de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita. Mediante el análisis de los antecedentes procesales, la normativa constitucional y ambiental vigente, así como de la doctrina y jurisprudencia aplicables, se examinan los fundamentos de la decisión judicial. La Corte concluyó que las provincias poseen facultades para complementar los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos por la Nación y que la prohibición del uso de sustancias como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico constituye una medida razonable destinada a la protección del ambiente y del agua. Asimismo, declaró inconstitucional la expresión “otras sustancias tóxicas similares” por considerarla contraria al principio de legalidad. El autor sostiene que la sentencia representa un adecuado equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, fortaleciendo la tutela de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el marco del federalismo argentino.
El peligro inminente constante en el que viven las víctimas de violencia de género
(Universidad Siglo 21, 2025-02-18) Mancini, Julieta; Bustos, Carlos Isidro
El presente trabajo analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en la causa “R., C. E. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de la Ley en Causa N.º 63.006 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV” (2019), referido a la aplicación de la legítima defensa en contextos de violencia de género. El caso tiene origen en la condena impuesta a una mujer por el delito de lesiones graves contra su expareja, pese a la existencia de antecedentes y elementos probatorios que evidenciaban una situación sostenida de violencia física y psicológica. El problema jurídico central identificado es de naturaleza probatoria, ya que los tribunales inferiores omitieron valorar adecuadamente pruebas relevantes y analizar los hechos dentro del marco de violencia de género acreditado en el expediente. Mediante el examen de los antecedentes procesales, la doctrina especializada, la legislación vigente y la jurisprudencia aplicable, se reconstruyen los fundamentos que llevaron a la Corte Suprema a revocar la sentencia recurrida. El máximo tribunal sostuvo que la valoración de la legítima defensa en casos de violencia contra las mujeres requiere parámetros diferenciados que contemplen el peligro constante, la situación de vulnerabilidad de la víctima y los compromisos asumidos por el Estado en materia de igualdad y no discriminación. La autora concluye que la sentencia constituye un precedente trascendente para la incorporación efectiva de la perspectiva de género en el derecho penal, fortaleciendo la protección de las mujeres víctimas de violencia y promoviendo decisiones judiciales ajustadas a los estándares internacionales de derechos humanos.
Cómo aplicar la perspectiva de género en la legítima defensa
(Universidad Siglo 21, 2025-02-18) Soruco, Florencia Gabriela; Bustos, Carlos Isidro
El presente trabajo analiza la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada en la causa “Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa D., N. L. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley” (2023), vinculada con la aplicación de la perspectiva de género y discapacidad en el examen de la legítima defensa. El caso se origina a partir de la condena impuesta a una joven mujer con discapacidad intelectual, en situación de vulnerabilidad social, por la muerte de su empleador, a quien acusó de intentar abusar sexualmente de ella. El problema jurídico central identificado es de relevancia, ya que consiste en determinar si corresponde la aplicación del delito de homicidio o si los hechos deben analizarse bajo la causa de justificación de legítima defensa a la luz de las normas nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. A través del estudio de los antecedentes procesales, la prueba producida y el marco jurídico vigente, se examinan los fundamentos que llevaron al máximo tribunal a dejar sin efecto la condena. La Corte consideró que los tribunales inferiores omitieron valorar elementos probatorios esenciales y desconocieron el contexto de violencia de género, discapacidad y desigualdad estructural que atravesaba la imputada. Asimismo, destacó la necesidad de juzgar con perspectiva de género y de considerar las obligaciones surgidas de la Convención de Belém do Pará y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La autora concluye que la sentencia constituye un precedente relevante para garantizar una interpretación más amplia y protectoria de la legítima defensa en contextos de violencia de género.
Perspectiva de género versus concepciones jurídicas tradicionales
(Universidad Siglo 21, 2025-02-18) Suárez Casamiquela, Alfonso; Ferrer Guillamondegui, Ramón Agustín
El presente trabajo analiza el fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy en la causa “E., E. A. c/ B. A., M. F. s/ Ejecución de convenio”, centrado en la aplicación de la perspectiva de género en la resolución de conflictos patrimoniales derivados de una unión convivencial. El caso se origina a partir de la ejecución de un convenio suscripto entre ex convivientes, mediante el cual la mujer se comprometía a transferir la titularidad de un inmueble a favor de su expareja a cambio de una compensación económica de escasa entidad. El problema jurídico principal identificado es de naturaleza axiológica, ya que enfrenta la aplicación de normas civiles tradicionales relativas a la autonomía de la voluntad y la fuerza obligatoria de los contratos con los principios constitucionales y convencionales que imponen juzgar con perspectiva de género y prevenir situaciones de violencia económica. A través del análisis de los antecedentes procesales, la normativa vigente y la doctrina especializada, se examinan los fundamentos que llevaron al tribunal a revocar la sentencia de primera instancia y declarar la nulidad del convenio. El Superior Tribunal concluyó que existía una evidente asimetría de poder entre las partes y que la ejecución del acuerdo consolidaría una situación de desigualdad económica incompatible con los principios de igualdad y no discriminación. El autor sostiene que la decisión representa una adecuada aplicación de los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las mujeres y constituye un precedente relevante para la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la actividad judicial.
El interés superior del niño en el proceso de adopción
(Universidad Siglo 21, 2024-06-30) Aguilera, Nicolás Marcos; Quintanilla, María Alejandra
El presente trabajo analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en la causa “B., E. M. s/ reservado s/ adopción s/ casación”, centrado en la tensión entre las exigencias procesales del régimen de adopción y la protección integral de los derechos de una niña inmersa en una situación de vulnerabilidad. El caso se originó a partir de la entrega voluntaria de la menor por parte de su madre biológica a un matrimonio que posteriormente promovió su guarda con fines de adopción. El problema jurídico principal identificado es de naturaleza axiológica, al confrontar el respeto estricto de las normas procesales y del debido proceso con el principio del interés superior del niño, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación argentina. Mediante el análisis de los antecedentes fácticos, procesales, doctrinarios y jurisprudenciales, se examinan los fundamentos que llevaron al máximo tribunal a revocar la sentencia provincial y otorgar la adopción simple a los guardadores. La Corte concluyó que las irregularidades procesales observadas no poseían entidad suficiente para justificar una modificación sustancial de la situación socioafectiva consolidada durante más de una década. Asimismo, destacó la necesidad de preservar la estabilidad emocional, el centro de vida y los vínculos afectivos construidos por la niña. El autor sostiene que la decisión resulta adecuada por priorizar la protección efectiva de los derechos de la menor y garantizar su desarrollo integral en un entorno familiar estable.
La autonomía sindical como garantía constitucional y su impacto en la protección de los trabajadores
(Universidad Siglo 21, 2025-02-24) Monserrat, Georgina Edith; Negrini, Juan Manuel
El presente trabajo analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en la causa “Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/ Sindicato Petrolero de Córdoba s/ ley de asociaciones sindicales”, centrado en el alcance de la libertad sindical y las garantías del debido proceso en los procedimientos administrativos vinculados con el otorgamiento de personerías gremiales. El caso se origina a partir de la decisión administrativa que concedió personería gremial al Sindicato de Estaciones de Servicio, Playas de Estacionamiento, Garajes, Lavaderos, Gomerías y Anexos de la Provincia de Córdoba, situación cuestionada por el Sindicato Petrolero de Córdoba por considerar afectados sus derechos de representación. El problema jurídico principal identificado es de naturaleza axiológica, ya que enfrenta la aplicación de resoluciones administrativas con principios constitucionales superiores vinculados a la libertad sindical, la tutela judicial efectiva y el debido proceso. A través del análisis de los antecedentes procesales, la normativa vigente, la doctrina especializada y la jurisprudencia relevante, se reconstruyen los fundamentos de la sentencia. La Corte concluyó que la autoridad administrativa omitió procedimientos esenciales previstos en la Ley 23.551, particularmente aquellos destinados a garantizar la participación de la entidad sindical potencialmente afectada y el correspondiente cotejo de afiliados. Como resultado, dejó sin efecto la decisión recurrida. La autora concluye que el fallo fortalece la protección constitucional de la autonomía sindical y reafirma la necesidad de preservar las garantías procesales como condición indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de los trabajadores.

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