Abogacía

URI permanente para esta colecciónhttps://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/12768

Si creés que la Justicia no es una noción abstracta, sino una construcción diaria que impacta en la vida de todas las personas y de tu comunidad, el Derecho es tu camino. Desde los principios teóricos de los estudios legales hasta el ejercicio diario de la resolución de conflictos, esta carrera te permitirá trabajar e incidir en diferentes ámbitos de tu realidad. A través de la Abogacía, podrás desarrollar una carrera para gestionar y solucionar problemáticas jurídicas de nuestro país, región y el resto del mundo, colaborando para una sociedad más equitativa y pacífica.

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El rol judicial como garante humanitario del interés superior del niño
(Universidad Siglo 21, 2025) Coria Nazario, Lucila Nair
El análisis del fallo seleccionado, correspondiente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de Cuarta Nominación de la ciudad de Villa María, con sentencia de fecha 04 de marzo del año 2024 en los autos “V., G. A. y otro - Tutela”, y la elección de abordar la temática de los grupos vulnerables y en contexto de vulnerabilidad, tiene su fundamento en la fragilidad e indefensión del menor de edad frente al Poder Judicial y las decisiones de terceros que afecten su desarrollo, vida personal y efectivo ejercicio del derecho a ser escuchado. En particular, se trata de una niña en situación de vulnerabilidad debido al fallecimiento de su madre y a las dificultades de su progenitor para asumir plenamente su cuidado. Teniendo en cuenta el principio de igualdad ante la ley consagrado por la Constitución de la Nación Argentina, así como la obligación del Poder Judicial de brindar una tutela judicial efectiva a todas las personas frente a la afectación de sus derechos, y lo previsto en las Reglas de Brasilia, corresponde señalar que la menor encuadra dentro de los supuestos de vulnerabilidad establecidos.
El principio de no devolución, un concepto que protege jurídicamente a la vulnerabilidad de los refugiados en Argentina
(Universidad Siglo 21, 2025) Lecce, Fernanda
Actualmente, se ha mostrado un incesante avance legislativo y judicial encargado de sostener una serie de normas que tienen como objetivo proteger a las personas vulnerables, es decir que, mediante ellas, se trata de velar por aquellas personas que, a causa de determinadas condiciones o circunstancias, se encuentran en un lugar de desprotección y desamparo en torno a sus derechos humanos. De modo que, como sujetos de derechos, las personas calificadas como vulnerables imponen la obligación y el deber de la justicia a merecer sobre ellos una tutela efectiva, en vista del respeto por su integridad. Por ende, conjuntamente el Estado y la Justicia tienen sobre su responsabilidad evitar que dicha condición constituya un riesgo, amenaza o daño para sus derechos fundamentales, otorgando una protección especial e integrada. Las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (2008) delimitan las causas de esta condición considerando la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertades (p. 5-6).
Adicciones y Vulnerabilidad Social: herramientas legales y el rol institucional en Córdoba
(Universidad Siglo 21, 2025) Valdés, Oriana del Mar
El presente trabajo aborda el análisis de las herramientas jurídicas e institucionales disponibles en la provincia de Córdoba para garantizar los derechos de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica que atraviesan consumos problemáticos, con especial atención a los supuestos de internación involuntaria. El objetivo principal fue identificar los mecanismos normativos, jurisprudenciales y operativos aplicables en el contexto local, evaluando su adecuación al paradigma de derechos humanos. Se empleó un enfoque cualitativo, con diseño exploratorio-descriptivo, basado en el análisis documental de normas, doctrina y fallos judiciales relevantes. Los resultados evidenciaron una brecha entre el marco legal vigente y su aplicación práctica, marcada por la persistencia del modelo de encierro, la falta de dispositivos comunitarios y la intervención tardía o meramente formal de la defensa pública. Se concluye que la normativa vigente, aunque adecuada en sus enunciados, presenta serias dificultades de implementación, especialmente ante la ausencia de dispositivos comunitarios y la persistencia de una lógica de encierro como respuesta predominante. Esta distancia entre el derecho y su aplicación limita el acceso efectivo a garantías básicas y refuerza mecanismos de exclusión para las personas con consumo problemático en contextos de vulnerabilidad.
Grupos vulnerables y en contexto de vulnerabilidad
(Universidad Siglo 21, 2025) López Ruiz, Marcos Alejandro
El presente trabajo analiza el fallo dictado el 5 de abril de 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo del juez Diego G. Barroetaveña, en el expediente “R. B. A. s/ audiencia de sustanciación de impugnación”, originado en la provincia de Salta. En dicha resolución se revisó la condena impuesta a la Sra. B. A. R. por el delito de transporte de estupefacientes, previsto en el inc. 5 de la Ley 23.737, en concordancia con el artículo 45 del Código Penal. La Sra. B. A. R. había sido condenada en primera instancia a la pena de tres años de prisión de ejecución en suspenso, más una multa y el cumplimiento de reglas de conducta. El caso gira en torno a la valoración de su responsabilidad penal en el marco de una conducta tipificada como un delito, pero cometida en un contexto de profunda vulnerabilidad personal y social, lo que obliga a repensar si la respuesta punitiva tradicional resulta adecuada, o si deben aplicarse criterios de atenuación, exclusión o reinterpretación a la luz de principios constitucionales —art. 75 inc. 22— y los tratados internacionales.
Consecuencias jurídicas por la omisión de valorar las pruebas sin perspectiva de género ni de vulnerabilidad
(Universidad Siglo 21, 2025) Chiaretta, Milagros
Una de las cuestiones neurálgicas que se presentan en el fallo a comentar, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Wagner, Sebastián José Luis y otros s/ abuso sexual con acceso carnal”, es que establece que la sentencia emitida por el Supremo Tribunal de Entre Ríos —vinculada con uno de los imputados por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en la ciudad de Gualeguay— contenía defectos en el abordaje de la solución. Cabe advertir que el a quo no había aplicado criterios con perspectiva de género y menos tuvo en consideración la vulnerabilidad de la víctima al momento del suceso trágico que acabó con su vida. A tenor de lo dicho, es preciso señalar que el mentado pronunciamiento se destaca por la trascendencia que tiene para los jueces, los operadores del derecho y para la sociedad en su conjunto, el encuadre jurídico correcto de la causa y la valoración de las pruebas bajo el prisma de la legislación vigente. Además, es un fallo que genera conciencia y pretende alcanzar el respeto y reconocimiento debido a los derechos de cualquier ser humano, especialmente cuando se trata de una mujer vulnerable (art. 3 de las Reglas de Brasilia).
Menores y Revinculación: Un Cambio de Perspectiva
(Universidad Siglo 21, 2025) Litovic, Franco
Este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del 02/11/23 “V., S. A. c/ M., I. I. s/ recurso de queja” establece un importante precedente al priorizar el derecho de los menores a ser oídos en procesos de revinculación familiar, incluso por sobre decisiones judiciales previas. La Corte reconoce que métodos de revinculación que han fracasado reiteradamente deben ser abandonados en favor de enfoques alternativos, para evitar la revictimización. La controversia fundamental en esta causa gira en torno a un conflicto familiar relacionado con la revinculación materno-filial entre una madre y sus hijas adolescentes. El caso plantea la tensión entre el derecho de las niñas a ser oídas y a que se respete su voluntad de no mantener contacto con su madre, frente al derecho recíproco de comunicación entre madre e hijas y el deber del padre conviviente de garantizarlo. La situación presenta un prolongado distanciamiento entre la madre y las hijas, con intentos fallidos de restablecer el vínculo, lo que lleva a cuestionar la efectividad y pertinencia de las medidas adoptadas hasta el momento para resolver este complejo conflicto familiar.
Responsabilidad civil de las plataformas por daños en redes sociales a niños, niñas y adolescentes
(Universidad Siglo 21, 2025) Mercado, Adrián Marcelo
Este manuscrito de investigación tiene como finalidad conocer los alcances de la responsabilidad civil —en cuanto a la reparación y la sanción del daño moral y psicológico producido— en aquellas plataformas de redes sociales mediante las cuales se cause algún daño a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como lo son los niños, niñas y adolescentes. Daños, aquellos, que repercuten directamente en los derechos personalísimos de sus víctimas. Se analiza, además, qué tipo de protección tiene este sector de la sociedad en nuestro país ante situaciones de ciberbullying y cómo la ley los ampara: desde la Constitución Nacional hasta el Código Civil y Comercial, pasando por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos adoptados y las leyes especiales. Se presenta, también, doctrina y jurisprudencia reciente que aportan, ambas, sustancialmente al presente manuscrito. Al final, se pretende calificar la aplicación del carácter punitivo de los casos relevantes de daños —moral y psicológico— a través de las redes sociales y si este es verdaderamente justo o es, apenas, una sanción parcial, limitada e insuficiente en relación al daño causado.
Vulnerabilidad. Grupos Vulnerables
(Universidad Siglo 21, 2025) Zalazar Després, Georgina Solange
El análisis del fallo Barrera, Maribel Alejandra Soledad y otro sobre homicidio culposo se inscribe en un marco de reflexión sobre la vulnerabilidad y los grupos vulnerables, categorías fundamentales en el derecho penal contemporáneo. Este caso pone en evidencia la necesidad de considerar el contexto de exclusión y violencia estructural en el que se encontraba Maribel Barrera, una mujer que había sido condenada inicialmente a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo, en perjuicio de su hijo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), reconsideró su situación, ponderando factores de vulnerabilidad no suficientemente valorados en la primera instancia.
Conflictos axiológicos en el derecho de familia: un estudio del caso bajo el enfoque del interés superior del niño
(Universidad Siglo 21, 2025) Villanueva, Paola Vanina
El presente trabajo se realizó teniendo en cuenta el fallo Corte Suprema de Justicia de la Nación vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por G. A. V. y H. E. de M. en la causa B., C. y otro s/ control de legalidad - ley 26.061", ya que el mismo aborda una temática muy importante para la sociedad, cuyo actor principal es el niño, entendiéndolo como tal no solo como un sujeto de derecho sino también como individuo íntegro que merece ser tenido en cuenta en todos sus aspectos psicológico, emocional y social, todo ello englobado en lo que denominamos como “interés superior del niño”. Para abordar la temática correctamente debemos recordar que, desde la antigüedad, los niños no recibían protección especial, y en la Edad Media eran considerados "adultos pequeños". A mediados del siglo XIX, Francia comenzó a implementar leyes para proteger a los menores, como la prohibición del trabajo infantil en 1841 y el derecho a la educación en 1881. A principios del siglo XX, se extendió la protección infantil a nivel social, jurídico y sanitario en Europa. En 1919, la Liga de las Naciones, antecesora de la ONU, creó el Comité para la Protección de los Niños. En 1924, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en Ginebra, el primer tratado internacional en este sentido. En 1959, la ONU adoptó una nueva Declaración de los Derechos del Niño con diez principios, que más tarde complementó con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (1966), que garantizaban derechos como la educación, protección laboral y la identidad.
El interés superior del niño por encima de la convertibilidad: una mirada a la prohibición de indexación en cuotas alimentarias
(Universidad Siglo 21, 2025) Caula, Damiana Judith
En la causa “Recurso de hecho deducido por el demandado en la causa ‘G., S. M. y otro c/ K., M. E. A. s/ alimentos’”, es posible identificar los motivos de la importancia de su análisis, estando los mismos fundados en la situación de vulnerabilidad que atraviesan una niña juntamente con su madre. La vulnerabilidad se pone de manifiesto de dos formas: primero, la situación económica que deben sobrellevar, la cual empeora ante la constante variación del costo de vida y la falta de un ajuste adecuado de la cuota alimentaria. En segundo lugar, el contexto social y jurídico que engrandece dicha vulnerabilidad. Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (2018) entienden que se encuentran en situación de vulnerabilidad las personas cuando “su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo, no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas, para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos”. Dentro de estas personas se encuentra la madre, por su género, y la niña, debido a su edad y por la situación de pobreza en la que puede derivar a consecuencia de percibir una cuota alimentaria desactualizada.
“El interés superior del niño en el marco de un proceso de guarda provisoria”
(Universidad Siglo 21, 2025) Rodoni, Martín
Por medio de la presente se pretende analizar fallo denominado “B., C. y otro s/ control de legalidad – ley 26.061” con fecha 16 de mayo del presente año, debido a que en el mismo se pone de manifiesto su relevancia social y el auge que existe en materia de adopción, cuyo proceso pretende proteger los derechos de las infancias principalmente. En la mencionada causa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció ponderando el principio del interés superior del niño, haciendo aplicación de lo dispuesto en instrumentos internacionales como lo es la Convención Americana sobre los Derechos del Niño, la cual sostiene que los menores deben ser reconocidos como sujetos de derechos y, como tales, merecen recibir una protección especial. El artículo n.° 3 de la misma expresa en su primer inciso que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen ... los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. A su vez, su art. 21 determina que las medidas y decisiones que se tomen en relación a una causa de adopción, la consideración primordial deberá ser ellos mismos.
Grupos vulnerables y en contexto de vulnerabilidad.
(2025) Cisterna, Florencia Agustina
Para este trabajo se ha seleccionado un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, caratulado "Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa D., N. L. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley". Este fallo es de gran importancia normativa, ya que la Corte Suprema decidió revocar la decisión que rechazó el recurso presentado contra la sentencia que condenó a una mujer con discapacidad por el homicidio de su empleador, quien había abusado sexualmente de ella, alegando legítima defensa. Caracterizándose por un grave menoscabo de las normativas involucradas, como la Convención Belém do Pará, la Ley 26.485 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca un cambio de paradigma en la protección de grupos vulnerables, destacando la importancia de la labor judicial en situaciones de especial vulnerabilidad o fragilidad del individuo. En autos se refleja una situación de desigualdad y discriminación, abuso de vulnerabilidad y un intento de dominación de la mujer, lo que implica un desconocimiento de su autonomía y dignidad. Debiendo el Estado asumir un papel activo en la protección de estas personas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
Vivienda digna y competencia legislativa: el alcance del federalismo en disputa
(2025) Fernández Roldán, Facundo
Dentro de los llamados derechos sociales podemos determinar que el derecho a la vivienda es uno de ellos. La interpretación del régimen de protección de la vivienda, dada su consagración tanto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (Const., 1994, art. 14 bis) como en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, debe realizarse colocando en el centro el interés del grupo familiar de contar con un hogar digno. Esta garantía resulta esencial para el desarrollo de la familia, considerada la unidad básica de toda sociedad jurídicamente estructurada (Zavala, 2019). En esta nota a fallo se realizará un análisis de la sentencia de autos “Raskovsky, Luis Ernesto c/ Perrone, Gabriela Alejandra s/ ejecutivo” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, SP 348:1, 2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —CSJN—. La cuestión de fondo giró en torno al conflicto entre el derecho a la vivienda y la potestad del Congreso Nacional para legislar en materia civil. Específicamente, se trató de determinar si una provincia puede dictar normas que protejan una vivienda única frente a embargos y ejecuciones, como lo hacía la ley 14.432 (Ley 14.432, 2012) de Buenos Aires, sin requerir su inscripción previa. En ese sentido, la CSJN entendió que la norma provincial avanzaba sobre competencias delegadas a la Nación.
“Adopción y tutela judicial efectiva: el rol del Poder Judicial frente a la protección integral de niños en situación de vulnerabilidad”
(Universidad Siglo 21, 2025) Casado Lacentre, Camila
El presente trabajo analiza el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “B., C. y otro s/ control de legalidad – ley 26.061” (CIV 37051/2017/2/RH1), en el que se resolvió un complejo conflicto jurídico en torno a la situación de dos hermanos menores de edad que, luego de haber sido institucionalizados debido a situaciones de maltrato y abandono por parte de su madre biológica, fueron entregados en guarda provisoria a un matrimonio sin vínculo biológico ni inscripción formal en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA). La controversia giró en torno a la legalidad y conveniencia de mantener dicha guarda, o bien cesarla y declarar el estado de adoptabilidad de los niños, en miras a iniciar un proceso de adopción formal. La decisión judicial final de la Corte priorizó el principio del interés superior del niño, ordenando mantener la guarda judicial a favor del matrimonio guardador, en virtud de los sólidos vínculos afectivos construidos, la voluntad expresamente manifestada por los menores y los informes interdisciplinarios que daban cuenta del desarrollo emocional y bienestar integral alcanzado en ese entorno familiar.
El bloque de convencionalidad como fundamento de la protección y el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes
(Universidad Siglo 21, 2025) Gianfrancesco, Rita Carina
Con la reforma constitucional del año 1994, la cual incorpora los tratados internacionales a nuestro sistema normativo con rango constitucional, cobró relevancia tanto la protección como el acceso a la justicia de toda persona menor de dieciocho años, no solo en razón de su edad sino atendiendo al especial contexto de vulnerabilidad en que se encuentra sumida (Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, 2008). La presente nota a fallo toma en consideración la resolución dictada en los autos “M., C. A. p. s. a. promoción a la corrupción de menores agravada”, donde la Cámara de Acusación del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba entiende que es inaplicable el instituto de la prescripción del delito, como consecuencia de que los hechos perpetrados por el imputado fueron cometidos contra un menor de edad; que contaba con protección, atento el bloque de convencionalidad incorporado a nuestro ordenamiento legal a la fecha de comisión del hecho. Social y judicialmente, el fallo reviste trascendencia ya que permite el adecuado acceso a la justicia de dichos sujetos de derecho, pese a haber transcurrido el tiempo establecido para instar la correspondiente acción, para dar inicio a la investigación, cuando hayan sido víctimas en su niñez y/o adolescencia de delitos contra su integridad sexual; otorgándoseles así una protección especial a las mismas.
Evaluación de Impacto Ambiental Sano y Saludable
(Universidad Siglo 21, 2025) Mussati, Fernando Ramon
En este trabajo que vamos a analizar es la sentencia dictada por el tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cámara Federal de Apelación de San Martín, Sala I. Autos: “Recurso de Queja N.° 1 – Incidente N.° 12 – Marisi y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional – PEN – Ministerio de Transporte de la Nación y otros s/ inc. apelación”. Resuelta el 30 de septiembre de 2021, pone al descubierto la acción de amparo ambiental que el Sr. Marisi realizó contra la habilitación del aeródromo y la arbitrariedad con la que fue otorgada, sin contemplar el daño por su funcionamiento al impacto social y ambiental. Por lo que importancia de conservar el medio ambiente reside en la propia importancia de asegurar nuestra propia supervivencia, bienestar y del resto de seres vivos, debemos preocuparnos por cuidar y proteger de manera tal que sea sustentable para las generaciones presentes y futuras. La relevancia de esta sentencia en establecer la existencia de arbitrariedad, para autorizar la actividad y prórroga de las actividades de aeronavegación en el Aeropuerto El Palomar, a una previa evaluación de impacto ambiental, en el entendimiento de que reunían los requisitos mínimos exigidos por la Ley 25.675, descartó prima facie que la operatoria aerocomercial desarrollada en el aeropuerto citado genere un daño ambiental y si se habría respetado lo dispuesto por el artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional.
“La salud y sus alcances: El derecho a la Salud y las personas con discapacidad”
(Universidad Siglo 21, 2025) Montiel, Ignacio Damián
La presente nota a fallo se adentra en la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados "L., M. y otros c/ Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) y otro s/ prestaciones quirúrgicas", identificada como (“FLP 31551/2018/2/RH2”). Este caso, originado en una acción de amparo, involucra a una familia, en representación de su hijo menor de edad, contra la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) y la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. La pertinencia y relevancia de la selección de esta causa radican en que aborda cuestiones fundamentales como el derecho fundamental a la salud, la especial atención que merecen las personas con discapacidad —siendo el menor afiliado a las entidades demandadas y contando con certificado de discapacidad y un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente—, las obligaciones de las entidades de salud frente a prestaciones médicas complejas, como así también la relevancia de analizar aspectos en los que se define los límites y el alcance del derecho a la salud y a la discapacidad en el ordenamiento jurídico argentino, estableciendo que, si bien son derechos fundamentales, no son absolutos y deben ejercerse conforme a las leyes que los reglamentan; la aplicación de la normativa vigente que regula las prestaciones a personas con discapacidad (Ley 24.901) y enfermedades poco frecuentes (Ley 26.689); y los límites razonables que, según la doctrina del Tribunal, pueden imponerse a derechos de raigambre constitucional sin alterarlos en su sustancia.
“Principios Rectores del Derecho Ambiental en la Prevención del Daño”
(Universidad Siglo 21, 2025) Guardo, Paola Silvana
El presente fallo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa “Fomea y otro c/ Prochem Bio S. A. s/ amparo” constituye un claro ejemplo de aplicación judicial de los principios rectores del derecho ambiental argentino, en especial los principios preventivo, precautorio y de sustentabilidad, consagrados en el artículo 4° de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675). Frente a una situación de evidente riesgo para la salud colectiva y el entorno, producto de una actividad industrial sin las habilitaciones correspondientes, el tribunal ordena el cese de operaciones como medida urgente de protección. Este pronunciamiento reafirma la función del Poder Judicial como garante del derecho constitucional a un ambiente sano (art. 41 CN) y fortalece el paradigma de la protección anticipada frente a la amenaza de daño ambiental, incluso en contextos de incertidumbre científica. En este caso, Prochem Bio S. A. operaba una planta industrial catalogada como “de tercera categoría” por su potencial peligrosidad ambiental, sin contar con los permisos esenciales como el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA), ni los permisos de explotación y vuelco de recursos hídricos. A pesar de haber recibido observaciones previas, requerimientos judiciales e incluso haber sido objeto de una medida cautelar, la empresa continuó con su producción e incluso amplió sus instalaciones sin autorización, lo que agravó su situación jurídica.
“La interseccionalidad de vulnerabilidades de una niña y su madre frente a la potestad punitiva del Estado”
(Universidad Siglo 21, 2025) Ledezma, María Angelica
Al definir el concepto de vulnerabilidad y su implicancia, Basset (2017) asevera que esta perspectiva conlleva a reconocer las condiciones —sean transitorias o permanentes— que afectan o limitan la capacidad de una persona para ejercer plenamente sus derechos o desenvolverse con autonomía. Dicha noción ha sido incorporada por el Poder Judicial como herramienta interpretativa para reforzar la tutela efectiva de derechos y adoptar decisiones más inclusivas y acordes al contexto real de las personas involucradas en estado de vulnerabilidad. En este marco, la resolución dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en el caso “Incidente de prisión domiciliaria peticionado por el señor asesor letrado de segundo turno a favor de C. Y. O. – Recurso de Casación” (11/11/2022) dejará al descubierto la transversalidad de vulnerabilidades que aquejan tanto a la madre como a su hija C. Q., de tan solo tres años. La relevancia que trasciende del análisis radica en la ausencia de una perspectiva de género e interseccionalidad, ya que la condenada C. Y. O. es una mujer joven, pobre, madre, víctima de violencia familiar y sin recursos, condiciones que configuran una situación de vulnerabilidad estructural que no fue debidamente considerada previamente por la Cámara.
Abuso Sexual Eclesiástico de Menores: Valoración de la prueba frente al estándar de certeza, desde una perspectiva de contextualización de la vulnerabilidad y no revictimización
(Universidad Siglo 21, 2025) Diaz Orellano, Lucrecia Agostina
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza resolvió el recurso extraordinario presentado por la señora Valenzuela y su hijo, reclamando una solución habitacional de manera urgente. El pedido de una vivienda se sustentaba en la situación de vulnerabilidad y la discapacidad del niño. El derecho a la vivienda digna (CN, art. 14 bis) no genera una obligación de manera automática frente a las personas que soliciten la inclusión prioritaria en los planes habitacionales, aunque sí es una prerrogativa conferida. Este derecho impone al Estado que, en beneficio del progreso y de subsanar las necesidades habitacionales, establezca políticas públicas impulsadas para tal fin. Para acceder a los planes habitacionales del Estado se requiere del cumplimiento de determinadas formalidades. Negar el acceso a una vivienda por no cumplir con esas formalidades no incurre en discriminación, sino que, por el contrario, respeta la posibilidad de la igualdad para todas las personas. El Estado procede a discriminar cuando no ejerce su poder en la creación de políticas públicas que resulten suficientes para que todas las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a su propia vivienda digna.

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