Repositorio Institucional S21

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El fallo “Varela” como pilar jurisprudencial en aras de brindar una tutela judicial más efectiva
(Universidad Siglo 21, 2025-06-06) Mutis Alvarez, Lady Jessenia; Vittar, Romina
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Varela, José Gilberto c/ Disco S.A. s/ amparo sindical” (2018), vinculada con el despido de un trabajador que impulsaba actividades orientadas a la organización sindical dentro de la empresa. El caso se originó cuando el actor, con más de diez años de antigüedad laboral, fue despedido luego de promover la elección de delegados y reclamar derechos colectivos de sus compañeros de trabajo. Los tribunales inferiores rechazaron la reinstalación solicitada al considerar que no gozaba de la tutela específica prevista en la Ley 23.551 para representantes sindicales formalmente reconocidos. El problema jurídico identificado es de relevancia normativa, debido a la incertidumbre sobre la aplicabilidad de la Ley 23.592 de actos discriminatorios frente a un despido motivado por razones sindicales. Entre los fundamentos principales, la Corte sostuvo que la protección contra actos discriminatorios comprende también a trabajadores que, sin ostentar representación formal, ejercen actividades sindicales legítimas. Asimismo, destacó la especial protección constitucional de la libertad sindical, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la igualdad ante la ley, reafirmando los criterios desarrollados en los precedentes “Álvarez” y “Pellicori”. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un avance significativo en la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales en el mundo del trabajo, fortaleciendo la protección frente a despidos discriminatorios por actividad sindical.
Resguardar la vida de un animal en pos del derecho ambiental, la biodiversidad y las generaciones futuras como derecho social
(Universidad Siglo 21, 2024-06-30) Maidana Leiva, Dario Isaac; Maluf, Nora Gabriela
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en la causa “Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (A.F.A.D.A. ONG) c/ Zoológico Bubalco s/ Amparo (f) - Apelación” (2023), vinculada con el traslado de un chimpancé denominado Toti desde un zoológico a un santuario especializado para grandes primates. El caso se originó cuando la asociación actora promovió una acción de amparo alegando que las condiciones de cautiverio del animal afectaban gravemente su salud física y psíquica, comprometiendo además valores jurídicos vinculados al ambiente, la biodiversidad y la conservación de especies en peligro de extinción. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, debido a la tensión entre el derecho de propiedad invocado por el zoológico sobre el animal y los principios constitucionales y ambientales destinados a proteger la biodiversidad, el ambiente sano y la fauna silvestre. Entre los fundamentos principales, el tribunal valoró los informes periciales que acreditaron el deterioro de las condiciones de vida del chimpancé, destacó la aplicación de los artículos 41 de la Constitución Nacional, 240 y 241 del Código Civil y Comercial y las leyes de protección ambiental y de fauna silvestre, sosteniendo que los derechos individuales no pueden ejercerse de manera incompatible con los derechos de incidencia colectiva. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al consolidar una interpretación protectoria de los derechos ambientales, reconociendo la necesidad de salvaguardar especies animales como parte esencial de la biodiversidad y del patrimonio natural de las generaciones presentes y futuras.
Principio precautorio en el derecho ambiental y la incertidumbre técnica del riesgo
(Universidad Siglo 21, 2024-11-17) Suarez, Emmanuel Alexandro; Cocca, Nicolás
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa “Foro Medio Ambiental San Nicolás Asociación Civil y otro contra Prochem Bio S.A. Amparo” (2023), vinculada con la protección preventiva del ambiente frente al funcionamiento de una empresa dedicada a la producción de productos químicos y agroquímicos. El caso se originó cuando una asociación ambiental promovió una acción de amparo denunciando que la empresa desarrollaba actividades potencialmente contaminantes sin contar con la totalidad de los certificados, permisos y habilitaciones ambientales requeridos por la normativa vigente. El problema jurídico identificado es de naturaleza probatoria, debido a la dificultad para acreditar de manera concluyente la existencia de un daño ambiental grave o irreversible, coexistiendo una situación de incertidumbre técnica respecto del riesgo denunciado. Entre los fundamentos principales, la Suprema Corte destacó la aplicación del principio precautorio previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N.° 25.675, señalando que la falta de certeza científica no puede invocarse para postergar medidas destinadas a prevenir daños ambientales potencialmente irreversibles. Asimismo, valoró que la empresa carecía de permisos ambientales vigentes, había ampliado su actividad industrial y mantenía incumplimientos relevantes en materia de control ambiental. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo constituye un precedente trascendental en materia ambiental al reafirmar el rol preventivo de la justicia, consolidar la operatividad del principio precautorio y fortalecer la tutela judicial efectiva del ambiente frente a situaciones de riesgo e incertidumbre científica.
Tutela colectiva en defensa del derecho ambiental sano y equilibrado: solicitud de medida cautelar en protección del entorno natural
(Universidad Siglo 21, 2025-07-01) Sgroi Mena, Ana Carolina
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Marisi, Leandro y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional - PEN - Ministerio de Transporte de la Nación y otro s/ incidente de apelación” (2021), vinculada con la habilitación de vuelos comerciales en el aeropuerto de El Palomar. El caso se originó cuando un grupo de vecinos promovió una acción de amparo ambiental solicitando la suspensión de las operaciones aéreas autorizadas por la Resolución 408/2017 del Ministerio de Transporte, argumentando que la actividad había sido habilitada sin la previa realización de los estudios de impacto ambiental exigidos por la Ley General del Ambiente N.° 25.675. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica y de relevancia normativa, debido a la tensión entre el desarrollo de actividades económicas vinculadas al transporte aéreo y la protección del derecho constitucional a un ambiente sano. Entre los fundamentos principales, la Corte sostuvo que los artículos 11 y 12 de la Ley General del Ambiente exigen la realización previa de una evaluación de impacto ambiental y la emisión de una declaración de impacto ambiental por parte de la autoridad competente antes de iniciar actividades susceptibles de afectar significativamente el ambiente. Asimismo, destacó la centralidad de los principios de prevención y precaución en materia ambiental y la obligación judicial de garantizar la tutela efectiva de los bienes colectivos. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante en materia de protección ambiental al reafirmar la prioridad de la prevención del daño ambiental y la necesidad de cumplir estrictamente con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental antes de autorizar actividades potencialmente riesgosas para la comunidad y el entorno natural.
El acceso a la justicia de las personas en especial situación de vulnerabilidad: las modificaciones de las reglas procesales como herramienta idónea para su alcance
(Universidad Siglo 21, 2025-06-02) Fracalossi, Cristian David; Cocca, Nicolás
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Cámara Federal de Posadas en la causa “Hellvig Ethel Ingrid c/ Asociación Argentina de los Adventistas del 7mo Día y otros s/ daños y perjuicios” (2023), vinculada con el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. El caso se originó cuando una mujer con discapacidad promovió una demanda de daños y perjuicios por presunta mala praxis médica y las demandadas cuestionaron la competencia territorial del tribunal de Posadas, sosteniendo que los hechos ocurrieron en la provincia de Entre Ríos y que ninguna de ellas tenía domicilio en Misiones. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, debido a la tensión entre el principio procesal de prórroga y distribución de la competencia territorial previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y los principios constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva e igualdad real de oportunidades para personas con discapacidad. Entre los fundamentos principales, la Cámara destacó la especial condición de vulnerabilidad de la actora, la necesidad de aplicar las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y los estándares derivados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, sostuvo que las reglas procesales deben interpretarse de manera compatible con la garantía de acceso efectivo a la justicia. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar la necesidad de adaptar los procedimientos judiciales a las necesidades de las personas vulnerables, garantizando una tutela judicial efectiva y la operatividad real de sus derechos fundamentales.