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Tensión jurídica entre normativa migratoria y derechos humanos
(Universidad Siglo 21, 2024-12-02) Villar, Sebastián Iván; Gulli, María Belén.
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “C. G., A. c/ EN – DNM s/ recurso directo DNM” (2022), vinculada con la expulsión de una ciudadana boliviana condenada por tráfico de estupefacientes y madre de cuatro hijos argentinos menores de edad. El caso se originó cuando la Dirección Nacional de Migraciones ordenó su expulsión del país y prohibió su reingreso permanente, rechazando la dispensa por reunificación familiar prevista en la Ley 25.871. Los tribunales inferiores confirmaron dicha decisión pese a que la actora acreditó una situación de extrema vulnerabilidad propia y de sus hijos menores. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, debido a la tensión entre la aplicación de las disposiciones migratorias que habilitan la expulsión de extranjeros condenados por determinados delitos y principios constitucionales superiores como el interés superior del niño y el derecho a la reunificación familiar. Entre los fundamentos principales, la Corte destacó la situación de dependencia económica, emocional y afectiva de los hijos respecto de su madre, el riesgo cierto de desamparo que generaría la expulsión y la obligación estatal de proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, sostuvo que las facultades discrecionales en materia migratoria deben ejercerse conforme a criterios de razonabilidad, respeto por los derechos humanos y protección de la familia. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo constituye un precedente trascendental al reafirmar la prevalencia del interés superior del niño y del derecho a la reunificación familiar frente a interpretaciones restrictivas de la normativa migratoria cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales de grupos vulnerables.
Protección de la infancia: obstáculo en la testificación
(Universidad Siglo 21, 2025-07-29) Villalba, María Agustina; Carletti, Virginia
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de San Luis en la causa “Ávila José Gregorio – Av. abuso sexual con acceso carnal agravado por causa de daño grave en la salud psíquica de la víctima y por el vínculo (art. 119 3° y 4° C.P.) – Recurso de Casación” (2021), vinculada con la condena impuesta a un progenitor por hechos reiterados de abuso sexual cometidos contra su hija menor de edad. El caso se originó cuando la víctima, tras años de agresiones sufridas en un contexto de convivencia familiar, reveló los hechos a su madre luego de manifestar síntomas de depresión y conductas autolesivas. El problema jurídico identificado es de naturaleza probatoria, debido a las contradicciones iniciales observadas en el testimonio de la víctima y a la ausencia de pruebas físicas concluyentes que permitieran acreditar materialmente los abusos denunciados. Entre los fundamentos principales, el tribunal sostuvo que la valoración de la prueba debía realizarse considerando la especial situación de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales, otorgando relevancia a los informes psicológicos, pericias interdisciplinarias y al contexto traumático que puede afectar la consistencia del relato. Asimismo, destacó la aplicación del principio del interés superior del niño y la necesidad de evitar interpretaciones que desprotejan a las víctimas por las consecuencias emocionales derivadas del abuso. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar la protección reforzada de la infancia y la importancia de una valoración probatoria compatible con la realidad psicológica de las víctimas menores de edad.
Los tiempos de la justicia ante el interés superior del niño: aplicación de normas y principios
(Universidad Siglo 21, 2025-07-24) Vieytes, Silvia Patricia; Baena, César Daniel
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “G., A. C. y otro s/ guarda con fines de adopción” (2023), vinculada con la situación de una niña que había permanecido bajo el cuidado de un matrimonio desde su nacimiento, a partir de una entrega directa realizada por su madre biológica. El caso se originó cuando los guardadores solicitaron la guarda con fines de adopción, petición que fue rechazada por los tribunales inferiores debido al incumplimiento de las formalidades legales exigidas por el régimen adoptivo. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, debido a la tensión entre la aplicación estricta de las normas que regulan la guarda y la adopción, y el principio del interés superior del niño consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061. Entre los fundamentos principales, la Corte destacó que el tiempo transcurrido durante el proceso judicial había consolidado profundos vínculos socioafectivos entre la niña y los guardadores, configurando una realidad familiar que no podía ser ignorada. Asimismo, cuestionó la demora de los tribunales provinciales, remarcando que la prolongación injustificada de los procesos que involucran a niños puede afectar gravemente su desarrollo emocional y su estabilidad. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar que el interés superior del niño debe prevalecer frente a interpretaciones excesivamente formalistas, imponiendo a los jueces el deber de ponderar las circunstancias concretas del caso y resolver con celeridad para evitar que el paso del tiempo se convierta en un factor de vulneración de derechos.
Grupos vulnerables y en contexto de vulnerabilidad
(Universidad Siglo 21, 2025-07-29) Sturba, Lorena Giselle; Morales, Edith Elsa
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “B., E.M. s/ reservado s/ adopción s/ casación” (2021), vinculada con un proceso de adopción atravesado por irregularidades procedimentales y por la situación de vulnerabilidad de la niña involucrada y de su madre biológica. El caso se originó cuando una menor fue entregada en guarda con fines de adopción mediante mecanismos luego cuestionados por la justicia provincial, que dejó sin efecto la adopción al considerar que la madre no había contado con una defensa técnica adecuada y que su consentimiento se encontraba viciado por su condición socioeconómica y cultural. El problema jurídico identificado es de naturaleza probatoria, debido a la necesidad de determinar la validez y suficiencia de las pruebas relacionadas con el consentimiento de la progenitora y la evaluación del interés superior de la niña. Entre los fundamentos principales, la Corte destacó la estabilidad socioafectiva alcanzada por la menor con su familia guardadora, la importancia de los vínculos construidos durante años de convivencia, el derecho de la niña a la identidad y la necesidad de proteger su bienestar emocional. Asimismo, ponderó las falencias procesales vinculadas a la representación de la madre biológica y las consecuencias que estas podían generar sobre la validez del procedimiento. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar que la protección de los grupos vulnerables exige una adecuada valoración probatoria, el respeto del debido proceso y la centralidad del interés superior del niño en toda decisión judicial vinculada con la adopción.
Interpretación de las normas en armonía con los principios que tutelan a las personas vulnerables
(Universidad Siglo 21, 2025-05-07) Strappa, Leandro Luis; Abraham, Susana Paola
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “B., C. B. y otro c/ IOSPER y otros s/ acción de amparo” (Fallos 344:2868, 2021), vinculada con la cobertura integral de medicamentos a base de cannabidiol requeridos por un niño con epilepsia refractaria y discapacidad. El caso se originó cuando la obra social provincial IOSPER rechazó asumir el costo del tratamiento alegando que el menor no cumplía con los requisitos previstos en el entonces vigente Decreto 738/2017 reglamentario de la Ley 27.350, especialmente la inscripción en el programa nacional correspondiente. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, debido a la tensión entre la interpretación literal de la normativa reglamentaria y los principios constitucionales que garantizan la protección integral de las personas con discapacidad y de los niños en situación de vulnerabilidad. Entre los fundamentos principales, la Corte destacó la vigencia del artículo 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 24.901, reafirmando la obligación de garantizar cobertura integral cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales. Asimismo, valoró la nueva reglamentación introducida por el Decreto 883/2020, que reconoció expresamente la cobertura por parte de las obras sociales. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar la prevalencia de los principios protectores y de los derechos fundamentales de las personas vulnerables por sobre interpretaciones reglamentarias restrictivas.