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Las mujeres en estado de vulnerabilidad
(Universidad Siglo 21, 2024-11-14) Godoy, Verónica Mariana; Bustos, Carlos Isidro
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Aráoz, Ramón Ángel y otros s/homicidio agravado por el vínculo conyugal por ensañamiento y mediando violencia de género” (2021), vinculada con la investigación de un homicidio cometido en un contexto de violencia de género. El caso se originó cuando el imputado fue acusado de causar la muerte de su esposa mediante un acto de extrema violencia, siendo procesado por homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y por mediar violencia de género. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, debido a la tensión entre la aplicación del principio de presunción de inocencia y el deber estatal de garantizar una tutela judicial efectiva a las víctimas de violencia de género conforme a los estándares constitucionales e internacionales. Entre los fundamentos principales, la Corte sostuvo que los tribunales inferiores habían aplicado de manera prematura el principio in dubio pro reo, sin haber agotado adecuadamente la actividad probatoria necesaria para alcanzar una decisión fundada. Asimismo, destacó la obligación de juzgar con perspectiva de género, considerando las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485, reafirmando el deber estatal de investigar de manera diligente los hechos de violencia contra las mujeres. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en la valoración de la prueba y en la interpretación de las garantías procesales, promoviendo una respuesta judicial más efectiva frente a la violencia contra las mujeres.
Declaración de adoptabilidad: conflicto de principios
(Universidad Siglo 21, 2025-05-13) Goumas, Georgina; Baena, César
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “P., M. B. s/ medidas precautorias” (2024), vinculada con la validez del consentimiento prestado por una madre adolescente para la entrega en guarda con fines de adopción de su hijo. El caso se originó cuando M.B.P., de doce años al momento de los hechos, manifestó junto a su entorno familiar la voluntad de entregar a su hijo en adopción antes de su nacimiento, sin cumplir con los requisitos legales previstos por la normativa vigente. Años después, cuestionó la validez de ese consentimiento y solicitó la revisión del proceso. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, debido a la tensión entre el interés superior del niño, el derecho de defensa de la madre biológica, el derecho a la familia y la necesidad de resolver los procesos de adopción con celeridad. Entre los fundamentos principales, la Corte sostuvo que el consentimiento otorgado no cumplía con las exigencias establecidas en los artículos 317 del Código Civil y 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, destacó las irregularidades procesales verificadas durante el trámite y consideró que la sentencia provincial había subordinado indebidamente dichas garantías a una valoración posterior del interés superior del niño. Asimismo, enfatizó la necesidad de adoptar una decisión definitiva que garantice los derechos fundamentales de todas las personas involucradas y tome en consideración los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar que la protección del interés superior del niño no puede justificar el apartamiento de las garantías procesales esenciales, debiendo armonizarse con el derecho de defensa, el debido proceso y la protección integral de las personas en situación de vulnerabilidad.
El rol de la carga probatoria en la protección contra despidos arbitrarios
(Universidad Siglo 21, 2024-11-17) Gerbaldo, Roberto Carlos; López Viñals, Joaquín
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en la causa “B., R. A. c/ B. y B. S.A. - Ordinario - Despido”, vinculada con la protección de los trabajadores frente a despidos discriminatorios por motivos de salud. El caso se originó cuando un trabajador que había atravesado un tratamiento oncológico fue despedido poco tiempo después de recibir el alta médica y reincorporarse a sus tareas habituales. Si bien la empleadora alegó razones organizativas para justificar la desvinculación, las pruebas producidas permitieron advertir indicios de discriminación vinculados con el estado de salud del trabajador. El problema jurídico identificado es de naturaleza probatoria, debido a la necesidad de determinar cómo opera la carga de la prueba en los casos de despido discriminatorio cuando el trabajador aporta indicios suficientes de trato desigual. Entre los fundamentos principales, el Tribunal destacó la aplicación de la Ley 23.592, los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, así como la doctrina de la carga dinámica de la prueba. Asimismo, sostuvo que acreditados los indicios de discriminación correspondía a la empleadora demostrar que la decisión extintiva obedecía a causas objetivas y razonables ajenas a todo motivo discriminatorio, extremo que no logró acreditar. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar la importancia de la carga probatoria como herramienta de protección de los trabajadores frente a despidos discriminatorios, garantizando una tutela judicial efectiva de los derechos laborales y de la dignidad humana.
Derechos personalísimos y muerte digna. Aspectos jurídicos y éticos
(Universidad Siglo 21, 2024-11-16) Juárez, Cristian Alejandro; Quintanilla, María Alejandra
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en la causa “S.O., R.M. y otros c/ Municipalidad de Córdoba - Amparo Ley 4915” (2023), vinculada con el derecho a la muerte digna de una persona adulta mayor que se encontraba en estado vegetativo persistente e irreversible. El caso se originó cuando los familiares del paciente solicitaron el retiro de las medidas de soporte vital conforme a la voluntad previamente manifestada por este y a la normativa vigente sobre muerte digna, petición que fue rechazada por el equipo médico del Hospital Municipal de Urgencias de Córdoba. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica y de relevancia normativa, debido a la tensión entre la interpretación de la Ley Provincial 10.058 y las disposiciones de la Ley Nacional 26.742 y del Código Civil y Comercial de la Nación relativas a la autonomía personal, las directivas anticipadas y el consentimiento informado. Entre los fundamentos principales, el Tribunal sostuvo que las normas provinciales no pueden imponer requisitos más restrictivos que los previstos en el ordenamiento nacional para el ejercicio de derechos personalísimos, destacando la centralidad de la dignidad humana, la autonomía de la voluntad y el derecho del paciente a rechazar procedimientos que impliquen encarnizamiento terapéutico. Asimismo, concluyó que no correspondía exigir un plazo mínimo de permanencia en estado vegetativo para hacer efectivo el retiro del soporte vital. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar la primacía de los derechos personalísimos y la autonomía de las personas frente a interpretaciones restrictivas que obstaculicen el acceso a una muerte digna, garantizando una tutela efectiva de quienes se encuentran en contextos de extrema vulnerabilidad.
La vulnerabilidad de los individuos y el derecho a la tutela judicial efectiva no admite dilaciones procesales. La inconstitucionalidad como herramienta eficaz en la protección de los derechos individuales
(Universidad Siglo 21, 2024-07-07) Margonari, Silvia Giselle; Gulli, Belén
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Giménez, Rosa Elisabeth c/ Comisión Médica Central y/o ANSeS s/ recurso directo ley 24.241”, vinculada con el acceso a la justicia de una persona con discapacidad que solicitaba una pensión por incapacidad derivada del fallecimiento de su progenitor. El caso se originó cuando la actora, residente en la provincia de Salta y con limitaciones motrices acreditadas, impugnó la aplicación del artículo 49 inciso 4 de la Ley 24.241, que atribuía competencia a la Cámara Federal de la Seguridad Social con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obligándola a litigar a más de 1.400 kilómetros de su domicilio. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, debido a la tensión entre una norma legal de competencia y los principios constitucionales de igualdad, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Entre los fundamentos principales, la Corte sostuvo que la aplicación de la norma cuestionada imponía una carga desproporcionada a una persona en situación de extrema vulnerabilidad, afectando gravemente su acceso a la justicia. Asimismo, destacó la necesidad de adoptar medidas diferenciadas para garantizar la igualdad real de oportunidades de las personas con discapacidad y remarcó que las reglas procesales no pueden transformarse en obstáculos para el ejercicio de derechos fundamentales. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar la protección reforzada que merecen las personas vulnerables y al reconocer la inconstitucionalidad de disposiciones que, aun siendo formalmente válidas, generan restricciones irrazonables al acceso efectivo a la justicia.