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El derecho de propiedad versus el derecho ambiental
(2025) Gregorio Osmar Aguilera
El tema que seleccionamos es DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales). A su vez, hemos optado por la nota a fallo. El fallo que escogimos corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pertenece a la causa: CSJ 3157/2015 “Mercau, María del Rosario y otro c/Municipalidad de Merlo s/acción contencioso administrativa (Mercau, María del Rosario y otro c/Municipalidad de Merlo s/acción contencioso administrativa, 2024)”. En la causa de marras, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis rechazó la demanda contenciosa administrativa y de inconstitucionalidad promovida por Carlos Rodolfo y María del Rosario Mercau contra la Resolución 176-DEM-2007 y su confirmatoria 202-DEM-2007 y las ordenanzas 741-HCD-2000 y 744-HCD-2000. Mediante la primera de tales resoluciones —y su confirmatoria— el intendente de la Municipalidad de Villa de Merlo rechazó la indemnización que los actores reclamaron con sustento en que las referidas ordenanzas —de ordenamiento territorial y urbanístico de dicha localidad— declararon 190 hectáreas de un predio urbano de su propiedad como Zona Turística T4 “Reserva Natural Protegida”, prohibiendo los loteos o construcciones y permitiendo únicamente un uso “turístico, paseos serranos, senderos peatonales, refugios”. Contra tal pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la presente queja. Entendemos que se torna importante, en este trabajo, abocarnos al análisis de un fallo donde colisionan dos derechos fundamentales: el derecho de propiedad (consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional) y el derecho ambiental (plasmado en el art. 41 de la Carta Magna).
Perspectiva de género y diversidad dentro del proceso penal: el caso “Melody Barrera” y los derechos de los grupos vulnerables
(2025) Aguilar, Carolina Andrea
A lo largo de este documento se invita al lector a reflexionar sobre la diversidad sexual y el ejercicio de sus derechos humanos básicos. Puntualmente, abordaremos aspectos vinculados a las personas trans o pertenecientes al colectivo LGBTTIQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, travestis, transgéneros, intersex, queer y más), considerándolas como uno de los grupos más vulnerables de la coyuntura social. Efectuaremos un análisis crítico sobre una sentencia de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza (la Corte, en adelante), caratulada “F. C. Chaves Rubio Darío Jesús p/homicidio agravado 6394 s/casación”, donde se configura uno de los casos de travesticidio más emblemáticos del país. En esta causa, Melody Barrera, una chica trans, es brutalmente asesinada por un efectivo policial – Darío Jesús Chaves Rubio –, llegando el caso a resolución del Máximo Tribunal Provincial, quien confirma la sentencia condenatoria del agresor en orden a los delitos de homicidio agravado por el odio a la expresión de género o identidad de género.
Obstáculos en la Cobertura Médica y el Derecho a la Salud de personas con discapacidad
(2025) Ulman, Candela Belén
El fallo seleccionado reviste una importancia significativa para su análisis, ya que se pronuncia sobre una situación en la cual la madre de R. B. A. interpuso un recurso de queja contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), debido a que este último denegó la solicitud de afiliación de su hija, quien posee una discapacidad grave, como beneficiaria bajo la cobertura de su padre. Dicha negativa respondía a la Resolución 1100/2006, la cual no permite la afiliación de familiares que gocen de una pensión no contributiva. Asimismo, el pronunciamiento de la Corte encuadra en la temática de derechos DESCA, con especial énfasis en el derecho a la salud. Estos derechos garantizan condiciones esenciales para una vida digna, y son universales, indivisibles e interdependientes, encontrándose protegidos por la Constitución Nacional y por diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. El derecho a la salud es tomado como un derecho subjetivo que faculta a las personas a exigir las condiciones necesarias para mantener un estado de bienestar integral, físico, mental y social, que garantice una vida digna (Lapalma, 2006).
Regulación del cannabis medicinal en Argentina: análisis del caso "Macame" y su impacto
(2025) Araoz, Mayra Emilse
El fallo “Asociación Civil Macame y otros c/Estado Nacional Argentino - P.E.N. s/amparo ley 16.986” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (02/07/2022) resalta la importancia de regular el cannabis medicinal para garantizar un acceso responsable y proteger la salud pública. Destaca el cambio en la percepción del cannabis, que inicialmente era regulado como un estupefaciente según la Ley Penal 23.737, pero ahora, con la Ley 27.350, se reconoce su potencial terapéutico y su beneficio para la salud (Baca Paunero, 2022). Esto muestra cómo ha evolucionado la regulación legal en torno al cannabis, permitiendo un enfoque más integral que prioriza el bienestar de las personas. El pronunciamiento sentó un precedente en la regulación del cultivo de cannabis con fines medicinales al abordar el tratamiento de la Ley 23.737 que regula esta temática. Esta decisión establece un precedente para futuros casos en los que se discuta la necesidad de una autorización estatal para el cultivo de cannabis con fines médicos. Además, deja en claro que, aunque el artículo 19 de la Constitución Nacional garantice la autonomía personal, el Estado tiene la potestad de regular y autorizar el autocultivo de cannabis, incluso cuando sea dirigido al cuidado de la salud.
“La propiedad frente a las restricciones ambientales. Límites constitucionales y razonabilidad.”
(Universidad Siglo 21, 2025) Bertino, Paula Andrea
En el presente caso se analiza una controversia jurídica que pone de manifiesto la tensión entre el derecho de propiedad privada y la protección del ambiente, dos principios consagrados con jerarquía constitucional en los artículos 17 y 41 de la Constitución Nacional (CN). La discusión se genera en el marco de las potestades de planificación y regulación del uso del suelo por parte del Estado municipal, y plantea la necesidad de determinar si las restricciones impuestas al propietario de un inmueble, a favor de criterios ambientales y urbanísticos, resultan razonables y constitucionalmente válidas o si, por el contrario, configuran una afectación sustancial al contenido esencial del derecho de propiedad. La relevancia del fallo en cuestión radica en un verdadero conflicto axiológico entre principios constitucionales en tensión. Por una parte, el derecho ambiental, que tiene por objeto la protección del ambiente, bien jurídico colectivo, orientado al interés común y al bienestar de las generaciones presentes y futuras, y que impone al Estado la obligación de adoptar medidas para prevenir daños ambientales, incluso mediante restricciones a derechos individuales; y por otra parte, el derecho de propiedad, entendido como la facultad de usar y disponer de un bien, cuyo goce no puede ser vulnerado arbitrariamente sin indemnización previa.