Repositorio Institucional S21

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Relaciones de poder y perspectiva de género
(Universidad Siglo 21, 2024-11-17) Porcel de Peralta, Estefanía; Calderón, Laura
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “R., J. L. s/ homicidio agravado por alevosía – casación criminal” (2024), vinculada con el homicidio de una mujer cometido en un contexto de violencia de género. El caso se originó cuando el imputado fue condenado en primera instancia por homicidio simple, pese a la existencia de elementos probatorios que permitían encuadrar la conducta dentro de una figura agravada por las características de la agresión y el contexto en que se produjo. El problema jurídico identificado es de relevancia normativa, debido a la controversia sobre la correcta aplicación de los artículos 79 y 80 inciso 2 del Código Penal y la necesidad de interpretar los hechos conforme a los estándares nacionales e internacionales de protección de las mujeres víctimas de violencia. Entre los fundamentos principales, la Corte sostuvo que los tribunales inferiores realizaron una valoración arbitraria y fragmentaria de la prueba, omitiendo analizar adecuadamente los resultados de la autopsia, los indicios de ensañamiento y el contexto de violencia de género que rodeó el hecho. Asimismo, reafirmó la obligación de juzgar con perspectiva de género conforme a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al fortalecer la aplicación de la perspectiva de género en el proceso penal y garantizar una adecuada tutela judicial frente a hechos de violencia contra las mujeres.
El Estado argentino y su rol de garante para con los derechos de grupos vulnerables
(Universidad Siglo 21, 2025-12-01) Oteiza, Hernán Francisco; Dagatti, Lisa Daniela
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa “Merola, Pablo Alejandro – Fiscal General del Departamento Judicial de Mercedes s/ recurso de queja en causa n.° 62-40188 seguida a C., A. R.”, vinculada con hechos de amenazas agravadas con arma de fuego cometidos en un contexto de violencia de género. El caso se originó cuando el imputado amenazó de muerte a su expareja y a la hija de ambos durante una situación de violencia familiar, siendo posteriormente condenado en primera instancia y absuelto por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes. El problema jurídico identificado es de naturaleza probatoria, debido a la valoración parcial y fragmentaria de la prueba realizada por el tribunal revisor, que omitió ponderar adecuadamente el contexto de violencia de género, los testimonios de la víctima y de la niña, así como los informes psicológicos y sociales producidos en la causa. Entre los fundamentos principales, la Suprema Corte sostuvo que la absolución resultó arbitraria por apartarse de las reglas de la sana crítica racional y por desconocer la obligación de juzgar con perspectiva de género conforme a la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485. Asimismo, destacó la necesidad de evitar la revictimización de niñas y mujeres en procesos judiciales y de valorar integralmente todos los elementos probatorios disponibles. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar el deber del Estado argentino de garantizar una tutela judicial efectiva de los grupos vulnerables y de aplicar una perspectiva de género real en la valoración de la prueba.
NOTA A FALLO: Licencias Parentales: Un Análisis Crítico desde la Perspectiva de la Seguridad Social y los DESC
(Universidad Siglo 21, 2025-06-21) Obelar, Lucas Maximiano; López Viñals, Joaquín.
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada en la causa “B.V.J. c/ ANSES s/ amparos y sumarísimos” (2023), vinculada con el reconocimiento del derecho de una madre no gestante a percibir la asignación por maternidad y acceder a la licencia prevista en el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo. El caso se originó cuando ANSES rechazó la solicitud formulada por una mujer que, junto a su cónyuge gestante, había recurrido a técnicas de reproducción humana asistida y se encontraba legalmente reconocida como madre del niño. El problema jurídico identificado es de naturaleza normativa, debido a la existencia de una laguna legal derivada de la falta de previsión expresa de la figura de la madre no gestante dentro del régimen de licencias laborales y prestaciones de la seguridad social. Entre los fundamentos principales, el tribunal recurrió a la analogía como técnica de integración normativa, interpretó la finalidad protectoria de la licencia por maternidad y destacó la necesidad de garantizar la igualdad de trato entre quienes ejercen funciones parentales equivalentes. Asimismo, valoró los principios constitucionales de igualdad, no discriminación, interés superior del niño y protección integral de la familia, así como los estándares vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al evidenciar las limitaciones estructurales del régimen de licencias parentales vigente y la necesidad de reformas que permitan una protección más equitativa e inclusiva de las nuevas configuraciones familiares.
El interés superior del niño en materia migratoria: Un análisis del caso C.S.J.N. (6 de septiembre de 2022) “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa C. G., A. c/ EN – DNM s/ recurso directo DNM”
(Universidad Siglo 21, 2025-12-01) Moreno, Mariano Daniel; Ferrer Guillamondegui, Ramón Agustín
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa C. G., A. c/ EN – DNM s/ recurso directo DNM” (2022), vinculada con la expulsión de una ciudadana boliviana condenada por tráfico de estupefacientes y madre de cuatro hijos argentinos menores de edad. El caso se originó cuando la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia en el país y ordenó su expulsión con prohibición permanente de reingreso. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, debido a la tensión entre la aplicación del artículo 29 inciso c) de la Ley 25.871 de Migraciones y el principio del interés superior del niño reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre los fundamentos principales, la Corte destacó la protección integral de la familia, la especial situación de vulnerabilidad de los hijos menores y la obligación estatal de ponderar las consecuencias concretas que una decisión administrativa puede generar sobre niños, niñas y adolescentes. Asimismo, sostuvo que las facultades discrecionales de la administración no pueden ejercerse de forma arbitraria cuando están comprometidos derechos humanos fundamentales. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar la prevalencia del interés superior del niño y la necesidad de interpretar la normativa migratoria conforme a los estándares constitucionales y convencionales de protección de grupos vulnerables.
La contaminación y su marco normativo
(Universidad Siglo 21, 2025-12-15) Morales Fabrego, Santiago Tomás; Calderón, Laura Alejandra
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa “Foro Medio Ambiental San Nicolás Asociación Civil y otro c/ Prochem Bio S.A. Amparo” (2023), vinculada con la contaminación ambiental provocada por una planta productora de agroquímicos emplazada dentro del Parque Industrial COMIRSA. El caso se originó cuando asociaciones ambientalistas promovieron una acción de amparo denunciando el vertido de efluentes contaminantes y emisiones nocivas al ambiente sin contar con las autorizaciones ambientales requeridas por la normativa vigente. El problema jurídico identificado es de naturaleza probatoria, debido a la necesidad de determinar si existían elementos suficientes para acreditar el riesgo de daño ambiental y justificar medidas preventivas frente a la ausencia de certeza científica absoluta. Entre los fundamentos principales, el tribunal destacó la aplicación del principio precautorio previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N.º 25.675, la falta de habilitaciones vigentes por parte de la empresa demandada y la necesidad de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano. Asimismo, valoró la prueba documental, pericial y los informes producidos durante el proceso, concluyendo que la actividad desarrollada generaba un riesgo ambiental incompatible con el ordenamiento jurídico vigente. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar la tutela preventiva del ambiente, la protección del derecho humano al agua y la obligación estatal y judicial de priorizar la conservación de los bienes ambientales frente a actividades potencialmente contaminantes.