Repositorio Institucional S21

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Guarda parental: ¿antecedente de la tutela o norma inconstitucional?
(Universidad Siglo 21, 2025-08-27) Zarlenga Solá, María Inés; Trupia Verón, Giselle
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa “J. S. s/ Guarda a parientes” (2023), vinculada con la interpretación del artículo 657 del Código Civil y Comercial de la Nación y su relación con el principio del interés superior del niño. El caso se originó cuando una jueza de familia otorgó a la hermana de un niño la guarda parental hasta que alcanzara la mayoría de edad, superando el plazo máximo legal de dos años previsto para dicha figura. Posteriormente, la Cámara de Apelación confirmó la decisión y declaró de oficio la inconstitucionalidad del artículo 657 en cuanto limita temporalmente la guarda. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, debido a la supuesta contradicción entre la limitación temporal de la guarda parental y el principio del interés superior del niño. Entre los fundamentos principales, la Suprema Corte sostuvo que no existía una verdadera incompatibilidad normativa, ya que el ordenamiento jurídico brinda una solución adecuada mediante el instituto de la tutela, concebido como figura permanente cuando la guarda resulta insuficiente. Asimismo, destacó que la declaración de inconstitucionalidad constituye una medida excepcional que solo procede cuando no existen otras interpretaciones razonables compatibles con el sistema jurídico. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar la interpretación armónica entre guarda parental y tutela, garantizando la protección integral de niños, niñas y adolescentes sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma aplicable.
Reflexiones sobre el proyecto de reforma del régimen penal juvenil
(Universidad Siglo 21, 2025-11-07) Weber Cacharron, Lara; Vittar Romina
La presente investigación tiene como objetivo analizar la tensión existente entre el proyecto legislativo impulsado para reducir la edad de imputabilidad penal en Argentina y los principios jurídicos que estructuran el sistema de justicia juvenil. La metodología empleada es de carácter descriptivo y analítico, basada en el estudio de legislación nacional, proyectos normativos, doctrina especializada, tratados internacionales de derechos humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aportes interdisciplinarios provenientes de la neurociencia, la psicología y la sociología. Los resultados evidencian que la propuesta de disminución de la edad de imputabilidad se sustenta principalmente en argumentos vinculados con la seguridad pública y el incremento de la delincuencia juvenil, aunque los datos estadísticos oficiales muestran una participación reducida de menores de edad en delitos violentos. Asimismo, el análisis interdisciplinario demuestra que los procesos de maduración neurológica y desarrollo cognitivo continúan durante la adolescencia, aspecto especialmente considerado por los instrumentos internacionales que regulan la justicia juvenil. También se identifican posibles tensiones entre el proyecto y los estándares internacionales derivados de la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad y la jurisprudencia interamericana. Se concluye que la reducción de la edad de imputabilidad no constituye una respuesta eficaz a la problemática de la delincuencia juvenil y que las políticas públicas deben orientarse prioritariamente a la protección integral, prevención, inclusión social y fortalecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La responsabilidad solidaria del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo: un problema invencible a la hora de interpretar
(Universidad Siglo 21, 2025-08-27) Velázquez, Fernando Maximiliano; Bustos, Carlos Isidro
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Recurso de hecho deducido por YPF S.A. e YPF Gas S.A. en la causa Bergonci, Ilda Leonor c/ YPF S.A. y otros s/ despido” (2022), vinculada con la extensión de responsabilidad solidaria prevista en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. El caso se originó cuando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo extendió a YPF S.A. e YPF Gas S.A. la condena impuesta a la empleadora directa de la actora, al considerar que el contrato de suministro que vinculaba a las empresas configuraba una hipótesis de subcontratación alcanzada por la norma mencionada. El problema jurídico identificado es de naturaleza lingüística, debido a la ambigüedad de la expresión “actividad normal y específica propia del establecimiento”, cuya interpretación determina el alcance de la responsabilidad solidaria. Entre los fundamentos principales, la Corte sostuvo que la sentencia recurrida no explicó adecuadamente cómo un contrato de suministro podía implicar una cesión parcial de la actividad normal y específica de las empresas proveedoras, por lo que consideró configurado un supuesto de arbitrariedad. Asimismo, reafirmó que la interpretación del artículo 30 corresponde al derecho común y que su análisis en sede extraordinaria sólo procede cuando la decisión carece de fundamentos razonables. Como conclusión, el autor sostiene que el fallo evidencia la persistencia de dificultades interpretativas en torno al artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y la ausencia de un criterio uniforme sobre el alcance de la responsabilidad solidaria en las relaciones de subcontratación y suministro.
El exceso en la legítima defensa de terceros: racionalidad, vulnerabilidad y responsabilidad penal
(Universidad Siglo 21, 2025-06-29) Tolosa, Agustín; Bustos, Carlos Isidro
La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Cámara Penal N.° 2 de Catamarca en la causa “R.J.C – R.M.D.” (Sentencia N.° 40/2024), vinculada con la aplicación del instituto del exceso en la legítima defensa de terceros previsto en los artículos 34 y 35 del Código Penal de la Nación. El caso se originó cuando Juan Carlos Rojano intervino para defender a su hermano durante una pelea callejera, golpeando por la espalda a la víctima con un objeto contundente y propinándole posteriormente patadas en la cabeza, lesiones que derivaron en su fallecimiento. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, debido a la tensión entre la legítima defensa de terceros y los límites impuestos por la necesidad racional del medio empleado. Entre los fundamentos principales, el tribunal reconoció la existencia de una agresión ilegítima y la ausencia de provocación suficiente por parte del tercero defendido, pero concluyó que el acusado excedió los límites de la defensa permitida al utilizar medios claramente desproporcionados respecto del peligro que intentaba neutralizar. En consecuencia, encuadró la conducta como homicidio con exceso en la legítima defensa de un tercero, aplicando la reducción punitiva prevista por el artículo 35 del Código Penal. Como conclusión, el autor sostiene que la decisión judicial resultó excesivamente benigna, ya que las circunstancias acreditadas permitían considerar la existencia de un homicidio agravado por alevosía. Asimismo, destaca la importancia de incorporar la perspectiva de vulnerabilidad al análisis penal sin desdibujar los límites de la legítima defensa.
Cannabis y las razones de excusabilidad: el individuo como ser autónomo y un derecho penal que avanza a paso lento
(Universidad Siglo 21, 2025-08-29) Quiroga, Patricia del Valle; Bustos, Carlos Isidro
La presente nota a fallo analiza la sentencia N.° 134/2024 dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en la causa “Trincheri, Agustina p.s.a. tenencia simple de estupefacientes - Recurso de Casación”, vinculada con la posesión de cannabis con fines terapéuticos. El caso se originó cuando Agustina Trincheri fue interceptada en un control policial y se le secuestraron cremas y flores de cannabis que transportaba para su madre, quien se encontraba bajo tratamiento oncológico y utilizaba dichas sustancias con fines medicinales. El problema jurídico identificado es de naturaleza interpretativa, debido a la tensión entre la aplicación del artículo 14 de la Ley 23.737 sobre tenencia de estupefacientes y los principios constitucionales vinculados con la lesividad, la autonomía personal y el derecho a la salud. Entre los fundamentos principales, el Tribunal sostuvo que la conducta atribuida carecía de relevancia penal, ya que no se acreditó afectación al bien jurídico protegido ni elementos que permitieran inferir una finalidad distinta al uso terapéutico. Asimismo, destacó la vigencia del principio de mínima intervención del derecho penal y la importancia de interpretar las normas en armonía con los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar una visión restrictiva del poder punitivo estatal y al promover una interpretación compatible con la protección del derecho a la salud y la autonomía de las personas en contextos de uso medicinal del cannabis.