Tensiones entre la propiedad comunitaria y la propiedad civil

Abstract

En el fallo La Sarita S.A. c/Acosta, Saturnino y otros s/acción ordinaria (Expte. J° 13-04923172-9), la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió, por mayoría, que no correspondía aplicar la Ley 26.160 para suspender el desalojo de una comunidad indígena. El voto de los Dres. Pedro Llorente y Julio Ramón Gómez sostuvo la inaplicabilidad de la norma en ese caso concreto, mientras que el Dr. Omar Palermo emitió su voto en disidencia. La decisión adquiere relevancia por el modo en que determina los requisitos para la aplicación de la ley de emergencia territorial frente a conflictos que involucran a pueblos originarios. La Ley 26.160, sancionada en 2006 y prorrogada sucesivamente, declaró la emergencia territorial indígena con el objeto de suspender desalojos y realizar un relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por comunidades originarias. Su sanción respondió al mandato del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.