Abstract
El caso en análisis se enfoca en la aplicación de la legítima defensa en un juicio penal, donde la acusada actuó en un contexto de violencia de género. El problema jurídico principal radica en la valoración de la prueba, ya que, debido a la falta de evidencia suficiente, no se pudo comprobar si existió una agresión ilegítima que justificara la defensa. Los jueces, al apartarse de la teoría del caso de la fiscalía, aplicaron la legítima defensa como eximente de responsabilidad penal, destacando la importancia de integrar la perspectiva de género en la interpretación del derecho penal para garantizar un juicio justo y acorde con las realidades de violencia de género.