Abstract
El análisis se enfoca en el artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que establece la responsabilidad solidaria de empresas en prácticas fraudulentas. Se destaca la dificultad para que los trabajadores prueben los supuestos, limitando la aplicación de la norma y perjudicando sus intereses. La sentencia "Muñoz c/ ASTRA Evangelista S.A." de la Suprema Corte de Mendoza destaca la vulnerabilidad de los trabajadores frente a grandes grupos económicos y la importancia de una valoración adecuada de pruebas para preservar sus derechos. Se identifica un problema jurídico de prueba y se propone la aplicación de cargas probatorias dinámicas para equilibrar la situación del trabajador.