Abstract
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de La Salud (OMS),
declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia, cuestión que ha afectado
profundamente todos los ámbitos de la existencia humana. En el intento de contener las
disvaliosas consecuencias sociales emergentes, se dictaron disposiciones legales de
urgencia, algunas de las cuales colisionaron con el ordenamiento legal vigente.
En este marco fáctico se dictó el decreto de necesidad y urgencia (en
adelante DNU) 260/20, por el que se ampliaba la vigencia de la emergencia pública
establecida por la Ley 27.541 titulada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”, génesis productiva de una batería de
DNU y demás normativa complementaria que modificaron significativamente las
condiciones laborales existentes regidas por la Ley 20744 de Contrato de Trabajo (en
adelante LCT) y normativa especial derivada de la misma.