Abstract
En marzo del año 2020, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declarara al Coronavirus Covid-19 como una pandemia, el gobierno de nuestro país
estableció una serie de medidas en el ámbito sanitario, social, económico y fiscal. Estas
acciones buscaban mitigar el impacto en la salud de la población y la vulneración de
derechos fundamentales provocada por el aislamiento social obligatorio. En este contexto,
el 31 de marzo de 2020 se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 329/20 que
prohibía los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y
fuerza mayor por el lapso de 60 días (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, 2020).
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