Abstract
El acceso a la información pública ha protagonizado un excepcional avance en
el último lustro de nuestro derecho nacional, consolidándose como una poderosa
prerrogativa del ciudadano, para conocer la forma en que los órganos públicos
desempeñan sus funciones, y el destino que dan al erario público. Permitiendo así
garantizar el control, la transparencia y la necesaria fundamentación de los actos de
gobierno (Nava Gomar, Pla y Villanueva, 2006); erigiéndose como una de las más sólidas
garantías de la democracia moderna (Cordeiro Rial de Carranza Torres, 2002).
DESTACADO