Abstract
El acceso a la información pública constituye un derecho fundamental en una
sociedad democrática, dado que su reconocimiento puede ser abordado por un lado desde
una dimensión política, relacionada con factores que resultan ser constitutivos de un
régimen democrático de gobierno; mientras que por otro lado, también se lo entiende a
partir de argumentos instrumentales como son la posibilidad de acceder a datos en manos
del Estado, siendo esto, una precondición para el ejercicio de otros derechos (Oyhanarta
& Kantor, 2015).
A partir de ello, se denota una clara relación entre la libertad de expresión y el
consecuente carácter público de la información de los órganos del Estado, que repercute
directamente en los ciudadanos, como una apertura a la posibilidad real de llegar a
conocer la actuación de sus gobernantes, lo que a su vez posibilita que el ejercicio del
voto refleje, en teoría, un juicio acerca de dicha actuación (Bermúdez Soto & Mirosevic
Vergugo, 2008)