Abstract
El análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Giustiniani,
Rubén Héctor c/ Y.P.F. S.A. s/ amparo por mora” (CSJN, 2015), adquiere relevancia
desde el punto de vista socio-jurídico, ya que cualquier ciudadano tiene la facultad de
solicitar información pública a los órganos del Estado, sin tener que dar los motivos o
explicaciones de porque lo requiere. El libre acceso a la información es un requisito
necesario y determinante para el ejercicio de la democracia participativa. Es
imprescindible el acceso al conocimiento de la gestión pública, para luego ejercer los
mecanismos de democracia semidirecta, que la propia Constitución consagra (Basterra,
2014). Si bien es un fallo precedente a la sanción en el año 2016 de la Ley 27.275 de
Acceso a la Información Pública es un importante antecedente de la misma