Abstract
El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental amparado
constitucionalmente y deriva de la forma republicana de gobierno establecida en el
artículo primero de nuestra Carta Magna, erigiéndose como principio básico la
publicidad de los actos estatales como mecanismo de control democrático de las
gestiones.
Por consiguiente, en sintonía con las sociedades democráticas modernas y las
convenciones internacionales, en nuestro país se ha ido consolidando este derecho por
inestimables aportes efectuados por la jurisprudencia y que fueron receptados por la Ley
N° 27.275 “Derecho de Acceso a la Información Pública”, sancionada el 14 de
septiembre de 2016.
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