Abstract
La Ley 7722, eje central del presente análisis, se promulgó en la provincia de
Mendoza en el año 2007. La mentada norma, con fundamento en la protección del recurso
hídrico y medio ambiente en general, dispuso restricciones de diversa índole al ejercicio
de la minería metalífera.
Las empresas afectadas consideraron que las medidas de prohibición del uso de
sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas
similares en los procesos mineros metalíferos y la obligación de contar con la aprobación
legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA, en adelante), resultaban
discriminatorias y lesivas de sus derechos. Estas razones llevaron a Minera del Oeste y
otros actores del sector a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la justicia
provincial, “Minera del Oeste y Ots. c/ Gobierno de la provincia p/ acción de
inconstitucionalidad”, cuyo fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se
analizará en el presente trabajo