Abstract
Los vientos renovadores del país dieron lugar, a la sanción de la Ley 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Años más tarde, en octubre del año 2006 se sancionó la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integrada. Estas dos normas, tienen objetivos circunscriptos a tornar efectivo uno de los aspectos que comprende el derecho a la salud sexual y a la procreación responsable: el derecho a la información. Sin embargo, sectores conservadores han criticado aplicación de estas normas en los establecimientos tanto públicos como privados, negando la aplicación de las mismas en los establecimientos tanto públicos como privados, se puede expresar entonces que la aplicación de la Ley 26.150 se encontraría en contraposición con la responsabilidad parental, y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, quien declara que las cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable de acuerdo a principios éticos y morales.