Abstract
Es de notorio conocimiento la crisis económica del país, lo que ha llevado a que se genere una mayor cantidad de despidos y en consecuencia se eleve el volumen de juicios laborales.
La lentitud del sistema judicial, lleva a una dilatación en el tiempo de los juicios laborales como consecuencia del colapso de los tribunales y el alto nivel de litigiosidad.
Con la implementación de la Oficina de Conciliación Laboral que pretende reducir la llegada de los particulares a juicio mediante los arreglos extrajudiciales, de una manera amistosa entre las partes y una considerable reducción de los tiempos, costos judiciales y la desvalorización monetaria que sufre el trabajador con respecto al débito reclamado, se plantea la necesidad de indagar en la constitucionalidad de la Oficina de Conciliación Laboral.