Abstract
Las leyes n° 26.529 y 26.742 tratan sobre los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, y regulan, entre otras cosas, el acceso a la denominada ―Muerte Digna‖. El dictado de las mismas ha representado un gran avance en la materia, relacionado especialmente con los derechos de los pacientes en los difíciles momentos del final de la vida, resaltando la autonomía de la voluntad y la potestad de decidir sobre el propio cuerpo, todo esto consagrado constitucionalmente.
No obstante ello, desde la sanción de las citadas normas, se han generado ciertas controversias y debates, debido a que se tendrían por aceptadas o permitidas la realización de prácticas eutanásicas pasivas e involuntarias, expresamente prohibidas en nuestro derecho.
Por ello, el presente trabajo analiza las inconsistencias normativas que se presentan en las citadas leyes para determinar si se consiente la aplicación de la eutanasia en alguna de sus formas.