Abstract
La prisión preventiva como herramienta del derecho penal, que permite la privación de la libertad de una persona sometida a proceso antes de ser condenada, funciona bajo el presupuesto de “peligro procesal”. Éste, determinado por la posibilidad de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación, ha sido entendido por quienes aplican ésta medida de coerción, de diversas maneras a lo largo del tiempo, siendo algunas de ellas cuestionables de inconstitucionalidad. A fines de procurar resolver ésta problemática de raigambre interpretativa sobre qué entienden los funcionarios judiciales por “peligro procesal”, se adopta como parámetro el fallo “Loyo Fraire” del año 2014, con el que se establecen pautas para una interpretación uniforme y así intentar aplicar correctamente la prisión preventiva en cada caso concreto.