Abstract
El presente trabajo de investigación procurará evidenciar la inadecuación del actual régimen penal de la minoridad sostenido fundamentalmente por la ley 22.278 en nuestro país con lo preceptuado por los principios y garantías constitucionales. El análisis tendrá en cuenta sobre todo lo dispuesto por la carta magna luego de su última reforma de 1994. Siendo necesario recordar que en virtud de la citada reforma, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos adquirieron jerarquía igual a la Constitución, siendo sus principios aplicables al sistema penal interno. En este orden de ideas, se contrastará el modelo tutelar todavía imperante en Argentina con el de protección integral de los derechos de los niños y adolescentes.