Abstract
En 1994 se incorpora a la Constitución Nacional el derecho a un medio ambiente sano y se instaura la acción de amparo como vía de tutela de los derechos constitucionales. Posteriormente en 2002 se dicta la ley n° 25.675 conocida como ley general del ambiente que contiene una serie de principios de política ambiental, entre ellos el principio precautorio.
Siendo que este principio obliga a un actuar y determina la prevención de daños potenciales aun cuando no exista certeza científica de que estos puedan ocurrir, es en donde se presenta el interrogante de estudio de este trabajo a la hora de determinar cómo funciona el amparo como vía para la tutela efectiva del medio ambiente ante el principio receptado.