La ley 26.773 y la constitucionalidad de la opción excluyente

Abstract

En octubre del año 2012 entró en vigencia la ley 26.773, modificatoria de la Ley de Riesgos del Trabajo, que reinstaló el llamado “sistema de opción excluyente”, una opción obligatoria para la parte actora en el sentido de tener que optar, en caso de producirse un siniestro laboral, por la reparación tarifada del régimen de la LRT o buscar una reparación fundada en otros sistemas de responsabilidad, con renuncia de la indemnización tarifada. En caso de que tal reparación sea fundada en el derecho civil, la ley establece un desplazamiento de competencia hacia los tribunales civiles, debiéndose aplicar la legislación de forma y de fondo del derecho civil, cuyos principios son los que deberán regir el proceso, en lugar de los principios del derecho laboral, más favorables al trabajador. ¿Es constitucional, conforme a nuestro ordenamiento jurídico y, en particular, al orden público laboral, el régimen introducido por la ley 26.773?