Vulnerabilidad: mujer, adulta y con discapacidad. Juzgar con perspectiva de género.

Abstract

La delimitación del concepto de vulnerabilidad es de gran importancia, ya que en los últimos años se ha destacado el creciente papel de este fenómeno como generador de desventaja social. En la praxis, el género femenino es el que recibe mayor número de actos discriminatorios que le impiden un desarrollo pleno de su vida. De acuerdo a la Convención Belem do Para, todos los Estados tienen el deber de garantizar el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. La misma convención indica como situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón de su raza o su condición étnica, de emigrante, refugiada o desplazada; en igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, cuando padece discapacidad, menor de edad, adulta mayor o en situación socioeconómica desfavorable o afectada. Nuestro país, desde la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, adhirió a diversos tratados internacionales de derechos humanos otorgándoles jerarquía constitucional, como a la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW), según surge del art. 31 de nuestra Carta Magna. Asimismo, la perspectiva de género, como marco rector al momento de adoptar decisiones judiciales, permite cuestionar las prácticas de interpretación del derecho, aplicando una visión crítica a una realidad dinámica. Juzgar con perspectiva de género implica detectar durante un procedimiento judicial una situación de desigualdad en razón del género para corregirla a través de la interpretación y aplicación de la ley, teniendo en cuenta la especial situación de quien la padece.