Perspectiva de género, su aplicación u omisión en el sistema judicial y su repercusión en la garantía procesal de imparcialidad. Análisis del fallo “Luz Aimee Díaz s/ incidente de recusación” (CNCCC, 2020)

Abstract

La presente nota a fallo analiza la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en la causa “Luz Aimee Díaz s/ incidente de recusación” (2020), vinculada con la garantía de imparcialidad judicial y la aplicación de la perspectiva de género en el proceso penal. El caso se originó cuando la defensa de una mujer trans imputada por los delitos de robo y tentativa de homicidio promovió la recusación de dos jueces del tribunal oral que debía juzgarla, alegando temor fundado de parcialidad a partir de expresiones públicas, antecedentes jurisprudenciales y manifestaciones efectuadas por los magistrados respecto de cuestiones de género e identidad sexual. El problema jurídico identificado es de naturaleza axiológica, debido a la tensión entre la aplicación formal de las normas procesales que regulan las recusaciones y los principios constitucionales de defensa en juicio, debido proceso e imparcialidad judicial. Entre los fundamentos principales, la Cámara sostuvo que el rigorismo formal no puede prevalecer cuando se encuentra comprometido el derecho a ser juzgado por jueces imparciales, valoró la existencia de expresiones y conductas incompatibles con la perspectiva de género exigida por el ordenamiento jurídico argentino y destacó la obligación estatal de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación, respetando la identidad de género autopercibida conforme a la Ley 26.743 y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Asimismo, consideró que las manifestaciones de los magistrados evidenciaban prejuicios y estereotipos capaces de generar dudas razonables sobre su imparcialidad. Como conclusión, la autora sostiene que el fallo constituye un precedente relevante al reafirmar la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la función judicial y garantizar que las personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados accedan a una justicia imparcial, libre de discriminación y respetuosa de los derechos humanos.