“El derecho a la salud para los trabajadores”

Abstract

El ordenamiento jurídico argentino, con epicentro en la Constitución Nacional reformada en 1994, consagra un amplio marco normativo en materia de derecho del trabajo. En particular, el artículo 14 bis establece una garantía de protección integral para las diversas formas de trabajo. En este contexto, la presente nota se centra en el análisis de la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictada el 1 de agosto de 2024, en la causa "Moreyra c/ SMG ART S.A.". Dicho pronunciamiento resulta de particular relevancia al abordar la cuestión de la debida valoración de la prueba por parte de los jueces de instancia, con el fin de determinar si la decisión judicial impugnada adolece de arbitrariedad. La determinación fáctica en el ámbito laboral se presenta como una tarea ardua, dada la naturaleza de las relaciones jurídicas que allí se establecen. En este contexto, la prueba adquiere una relevancia singular, pues constituye el soporte empírico sobre el cual se edifican las decisiones judiciales. El caso objeto de análisis pone de manifiesto esta complejidad, al centrarse en la valoración de los informes periciales psicológicos y médicos.