Vulnerabilidad y transporte de estupefacientes: La defensa penal con perspectiva de género

Abstract

La Ley 23.737 sanciona penalmente el transporte de estupefacientes, sin contemplar expresamente los contextos de necesidad o vulnerabilidad estructural en que puede ocurrir dicha conducta. Este régimen legal plantea desafíos cuando se lo aplica a mujeres que atraviesan situaciones de pobreza, exclusión, monoparentalidad y violencia estructural, ya que se pone en juego la compatibilidad de la norma penal con principios constitucionales y de derechos humanos. En este sentido, el estado de necesidad disculpante constituye una causa de exención de culpabilidad en el derecho penal, prevista en el artículo 34, inciso 2°, del Código Penal argentino. Su aplicación reviste especial importancia cuando la conducta típica es cometida por personas inmersas en contextos de extrema vulnerabilidad estructural. En tales circunstancias, la exigibilidad de una conducta distinta se ve comprometida, lo que plantea un desafío para el análisis de la culpabilidad penal desde una perspectiva que contemple principios de justicia material, estándares constitucionales y normas internacionales de derechos humanos.