Abstract
El análisis se centra en el artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la responsabilidad solidaria de empresas relacionadas por prácticas fraudulentas. Se destaca la dificultad para que los trabajadores prueben ciertos supuestos, afectando sus derechos. La sentencia estudiada, "Muñoz c/ ASTRA Evangelista S.A.", resalta la vulnerabilidad de los trabajadores frente a grupos económicos y la importancia de valorar correctamente las pruebas para preservar sus derechos. Se identifica un problema jurídico de prueba y se propone la aplicación de cargas probatorias dinámicas para equilibrar la situación del trabajador.
DESTACADO