Abstract
Legislativamente el Estado argentino asumió mediante tratados internacionales un
compromiso de gestión política orientada a contribuir a la igualdad de género. Las
desigualdades entre mujeres y hombres se consolidan socialmente en una mayor
visualización y toma de conciencia en lo que hace a delitos contra la mujer.
Del otro lado de los hechos, y en miras de aunar esfuerzos encaminados a lograr la
protección integral de la mujer aparecen nuevas herramientas que se incorporan al sistema
jurídico para dar batalla a la violencia de género. La Ley 26.485 (Ley de Protección Integral
a las Mujeres, BO 14/04/2009) se consolida como argumento de lucha contra aquellos actos
que de algún modo pretendan empañar los derechos de la mujer.