Abstract
Existen diversas normas que protegen a la mujer de todas las formas de
discriminación y violencia que puedan sufrir en los ámbitos donde desarrollen su vida
(Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
Mujer, la Convención “Belém do Pará” o la ley 26.485, entre otras). Esta normativa,
persigue el objetivo de combatir las desigualdades estructurales en donde las mujeres
fueron subordinadas del plano económico, social y político, por motivo o en razón de su
pertenencia al género femenino (Maffia, 2003). El Estado tiene un rol importante en
esta tarea, debiendo procurar la toma de decisiones para eliminar y sancionar este tipo
de prácticas, así como a modificar los patrones socio-culturales que desencadenan en
tratos denigrantes hacia la mujer, tal y como sucede en los casos de despidos directos
arbitrarios decididos por motivos discriminatorios, más aún si se ven agravados por el
género de la operaria involucrada.