El acceso a la protección integral de la familia

Abstract

Motiva esta nota la reciente sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Etcheverry Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo Ley 16.986” (CSJN, 2021), donde se analiza la omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar el artículo 179 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Esta omisión que se prolongó desde 1974 hasta la actualidad, es la causa que impedía el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores, dentro del marco general a la “protección integral de la familia” consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución. La Corte debió definir si el control del Poder Judicial de las omisiones reglamentarias y la condena que obliga al Poder Ejecutivo a reglamentar la ley en cuestión, resultan compatibles con la división de poderes propios de un Estado Republicano. Se presenta así un problema axiológico debido a que se suscita un conflicto entre principios. Por un lado, se debe valorar la función del Poder Judicial en cuento a garantizar la eficacia del derecho a la “protección integral de la familia” consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales. Por el otro, el deber de respetar los ámbitos de discrecionalidad y atribuciones del Poder Ejecutivo, estipulados en los artículos 1, 99 inc. 2 y 116 de la Constitución. Es de importancia el análisis del fallo debido a que fortalece el principio protectorio según el cual se debe tutelar al trabajador y a su familia, estableciendo como precedente que la omisión del Poder Ejecutivo conducía en la práctica a impedir el ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de acceder a un sistema de apoyo en sus tareas de cuidado familiar. Con este fallo la Corte se posiciona como el máximo garante de los derechos constitucionales, concluyendo que se deben respetar los ámbitos de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, toda vez que no se configure una omisión que torne ilusoria alguna cláusula de la Ley Suprema.

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