Abstract
Las sociedades democráticas se desarrollan en el centro de una delicada dicotomía: por una
parte, la afirmación jurídica de la igualdad y, por otra, las inequidades sociales que estructuran
la vida de las personas (Dubet, 2011). Específicamente las latitudes latinoamericanas poseen
los índices de desigualdad más altos del mundo. Lo expuesto es coincidente por lo que se
encuentra receptado en nuestro ordenamiento jurídico en diversos cuerpos legales, articulo 75
inc 23 de la Constitución Nacional donde se establece que se deben tomar medidas de acción
real para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato como así también el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución.