Abstract
Mientras el país se encontraba inmerso en la emergencia sanitaria acaecida durante
el año 2020 a causa de la pandemia de COVID-19, el Poder Ejecutivo Nacional (en
adelante, PEN), emitió un decreto de necesidad y urgencia con número 329/2020 (en
adelante DNU 329/20) cuyo objetivo era el de impedir los despidos incausados para así
evitar que haya muchos trabajadores indefensos y sin sustento en tiempos de pandemia.
El fallo en examen versa sobre uno de aquellos trabajadores que quedaron cesantes
mientras se encontraba vigente el decreto mencionado, pero con la particularidad de que
el empleado pertenece al rubro de la construcción reglado por la ley 22.250, la cual
establece que este tipo de trabajos es de carácter transitorio.