Despidos arbitrarios, daños adicionales y estabilidad laboral: deficiencias de la protección constitucional

Abstract

La temática abordada en esta nota a fallo tiene como propósito abrir el debate sobre la problemática del régimen de indemnización tarifado en materia laboral, respecto de la necesidad de reparación de las consecuencias nocivas y los agravios adicionales derivados de la extinción arbitraria del vínculo laboral, y si el sistema legal impuesto es suficiente y se condice con los designios constitucionales de protección. El mecanismo de protección contra el despido arbitrario en el ámbito de las relaciones de trabajo privado fue establecido por el legislador y consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, bajo el sistema de “estabilidad relativa impropia”. En ese marco el empleador tiene facultad para despedir al trabajador, pero si el despido es arbitrario o injustificado debe pagar a cambio una indemnización, que no es discrecional de las partes o de un Juez, sino que es “tarifada”, por lo que hay parámetros determinados que deben tenerse en cuenta para fijar dicha indemnización, a diferencia de los empleados públicos donde el artículo 14 bis de la Carta Magna les garantiza la estabilidad absoluta. El fallo sujeto a análisis, Autos Expte. N° 13.719 - Letra: “A” - Año: 2.018 - Caratulados: “Arias Rolando Faustino- Casación”4 , deja en evidencia los graves perjuicios que se ocasionan a los trabajadores y las trabajadoras, producto de las maniobras que desde antaño utilizan los empleadores y que se mantienen en la actualidad, mediante la imputación de conductas delictivas a sus dependientes que conducen a falsas denuncias, destinadas a justificar despidos con el objetivo de evitar el cumplimiento de las obligaciones laborales que se derivan de un contrato de trabajo. La importancia del fallo no solo radica en la necesidad de que la jurisprudencia tome nota de evaluar con un sentido estricto las causales esgrimidas al momento de un distracto y la imposición de límites a las imputaciones de índole criminal tendientes a amedrentar al empleado, sino fundamentalmente para evitar perjuicios que resultan irreparables, procurando la continuidad del vínculo laboral en aras de la estabilidad.