Abstract
El contexto mundial de pandemia acaecido debido al virus COVID-19, puso al
plano judicial de cara a nuevos embates en múltiples asignaturas que se vinculan con el
pleno desarrollo social. Entre ellas, el ámbito laboral fue quizás uno de los terrenos más
afectados en la economía nacional y en el cual la justicia nacional debió resolver
innumerables litigios.
Esta nueva realidad social, llevaría el Ejecutivo Nacional a resolver el dictado
del Decreto de Necesidad y Urgencia (en adelante, DNU) 329/2020h (Emergencia
Pública, BO 31/03/2020). Su finalidad fue la prohibición de despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta
días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín
Oficial (art. 2) (plazo que a posterior sería extendido en el tiempo).