Abstract
En el presente fallo se abordará un estudio sobre un caso real y concreto, donde
el quid de la cuestión es sobre Derecho Ambiental desde la faz penal. Donde la Fiscalía
es la que interviene generándose una discusión, ya que algunos de los vecinos del sector
afectado, que en esa instancia investigativa pretendían constituirse en querellante
particular, y junto al Sr. Fiscal de Instrucción intervenir como acusadores privados en el
hecho investigado en contra del imputado (Art. 7 C.P.P.C.). Aclarando que uno de los
imputados era un funcionario público que valiéndose de su cargo y función autorizó la
obra dañosa realizada en el 2010 y es justamente el hecho que aquí nos ocupa.