La competencia en materia ambiental

Abstract

La preservación del medio ambiente, su defensa y la consecuente obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para que la vida humana pueda desenvolverse en un ámbito físico, psíquico y cultural adecuado, goza de tutela Constitucional, como así se encuentra regulada la competencia sobre la materia ambiental. Así el art. el artículo 41 de la Constitución Nacional1

comienza afirmando que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo". En el segundo párrafo se dispone que "las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales". Por último, y en lo que aquí interesa, el tercer párrafo del artículo 41 constituye la disposición medular en materia de competencias ambientales, al disponer que "Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales".

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