¿Goza de constitucionalidad una ley o decreto que restringe el principio de máxima divulgación?

Abstract

El 16 de mayo de 2011 Claudio M. Savoia realizó un pedido a la Secretaria Legal y Técnica de la Nación para acceder a decretos dictados entre los años 1976 y 1983 por presidentes de facto. La Secretaria Legal y Técnica de la Nación rechaza alegando el carácter secreto y reservado de los decretos solicitados, sin probar lo argumentado. El peticionario interpone acción de amparo basado en el principio de máxima divulgación y el decreto 4/2010 que dispuso relevar la clasificación de secreta a la documentación solicitada obteniendo resolución favorable. El Estado Nacional apela la sentencia de primera instancia obteniendo el rechazo del amparo. El tribunal a quo se fundó en una doble línea argumental, desconociendo legitimación procesal de la parte actora en primer término y luego en la ley 25.520. El desconocimiento por parte de la cámara de principios y derechos de raigambre constitucional y la negación de legitimación para el acceso a la información pública constituyen problemas jurídicos que no pueden ser inadvertidos. La actora dedujo recurso extraordinario federal, que fue parcialmente concedido por tratarse de normas de interpretación federal. El máximo tribunal resuelve, con justo criterio, haciendo lugar al planteo de la actora basándose en la ley número 27.275, sancionada en el año 2016, y corrige fallo de la alzada por ser contrario a la jurisprudencia. Todo fallo relacionado con el derecho de acceso a la información pública es relevante por su incidencia directa en la calidad institucional en un sistema republicano, el principio de máxima divulgación pretende la participación ciudadana en beneficio de la transparencia. El fallo seleccionado es un precedente que pone límite, tal como lo expresa la demandante, a “un mecanismo mediante el cual el poder ejecutivo puede conculcar un derecho constitucional mediante la invocación del mismo”