Abstract
El interés por la preservación ambiental de los ecosistemas naturales y el deber de
dar cumplimiento a lo normado por el art. 41 de la Constitución Nacional1
, llevó a la
provincia de Córdoba a dictar la ley 9.526 de Prohibición en territorio provincial de la
actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto2
. Sin embargo, dicha norma
sería cuestionada por asociaciones y cámaras empresariales que se dedican al ejercicio de
esta actividad.
Ello derivó en la contienda de una causa que fue resuelta por el Tribunal Superior
de Justicia de Córdoba (2015) caratulada “CEMINCOR y otra c/ Superior Gobierno de la
Provincia – Acción declarativa de inconstitucionalidad”. En el escrito inicial de dicha
demanda, las accionantes denunciaron la inconstitucionalidad de la referida norma.