La Ley de Glaciares en la consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Abstract

La actividad minera genera, indefectiblemente, alteraciones en el ambiente, y particularmente en el caso expuesto , en el agua contenida en los glaciares de altura, lo cual motiva un fundado temor en las poblaciones cercanas a esos emprendimientos mineros por el riesgo de afectación por contaminación. La sensación de que resultaba inútil combatir en defensa del ambiente ante un adversario poderoso, representado por las empresas multinacionales mineras, era más que una simple impresión. Pero la sanción de la Ley n° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (en adelante Ley de Glaciares) del año 2010, surgió como una poderosa herramienta para la protección del recurso hídrico contenido en los ventisqueros andino. La norma establece una serie de disposiciones, que involucra a las actividades mineras en donde existan glaciares, y contempla la producción de un inventario de los mismos. Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Argentinas S.A., concesionarias del Proyecto Minero Binacional Argentino-Chileno de Pascua-Lama, vieron peligrar su emprendimiento, por lo tanto, entablaron demanda en contra del Estado Nacional atacando a la norma citada. Así, manifestaron un perjuicio potencial a su actividad y cuestionaron el proceso de sanción de la norma solicitando su nulidad. Mientras que la provincia de San Juan, en el mismo proceso, planteó la afectación a las facultades propias en la gestión de sus recursos, determinadas en el art. 124 de la Constitución Nacional (en adelante CN). Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN), rechazó la demanda, del fallo surgen relevantes ponderaciones sobre los recursos naturales, en este caso referidas a los glaciares, amparados por la ley nacional que establece los presupuestos mínimos para su protección