Acceso a la información pública. Problemas jurídicos en el Fallo Savoia

Abstract

El periodista Claudio Martin Savoia solicitó mediante nota a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, una serie de copias de decretos nacionales que por pertenecer a la época de la Dictadura Militar (1976-1983) habían sido firmados por presidentes de facto y no habían sido publicados. Los decretos habían sido clasificados como de carácter secreto y reservado. La Secretaría Legal y Técnica rechazó la solicitud alegando que los decretos solicitados no eran. (Fallo 342:208, cons. 1). Ante tal negativa, el peticionario, interpuso una Acción de Amparo, alegando principalmente que la respuesta de la Secretaría Legal y Técnica estaba deficientemente motivada. El periodista esgrime su pretensión en su profesión de periodista y también en el “ejercicio del derecho a la información pública”. Alega en su favor de que la respuesta dada por la Secretaría Legal y Técnica era absolutamente formal, y que no se ajustaba a los requisitos exigidos por las normas constitucionales y los tratados internacionales de acceso a la información pública. Plantea subsidiariamente que, en caso de negativa, fuera la misma jueza interviniente quien revisara la documentación solicitada a fin de verificar si la decisión de sustraerla del conocimiento público era justificada y legitima. Dicho amparo fue resuelto favorablemente para el actor donde la jueza subrogante hizo lugar al mismo, ordenando al estado a brindar al demandante los decretos que no estuvieran publicados a la fecha de la presentación de la demanda. Funda su decisión en el Decreto N° 4/2010 en donde se releva de la clasificación de seguridad a toda la información y documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo comprendido entre los años 1976-1983, exceptuando a su vez “toda información relativa a la Guerra del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal” (Dto. 4/2010, art. 2). Contra esa decisión, el estado nacional interpuso recurso de apelación en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Federal, dejando sin efecto la sentencia anterior y rechazando la demanda. Como principales argumentos, la Cámara esbozó una doble línea argumental. Primeramente afirmaron que el demandante no había demostrado su legitimación activa para actuar en ese proceso, por no haber acreditado un interés suficiente y concreto para acceder a la información solicitada. Como segunda línea argumental, esbozaron que el Poder Ejecutivo había ejercido válidamente sus facultades para negar su acceso basándose en la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, específicamente el art.16, del cual emana la facultad del estado en la clasificación de la información reservada. El actor apela dicho fallo mediante recurso extraordinario federal, que es aceptado, fundando su argumentación en que el derecho a la información pública no necesita demostrar un interés específico, que la sentencia de la Cámara desconoció el principio referido a la publicidad de los actos de gobierno, como así también el acceso a la información consagrado en el Art. 14 de la Carta Magna. Cita también tratados internacionales como ser la Convención Americana de Derechos Civiles, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sostiene, a su vez, que al tratarse de cuestiones vinculadas con las violaciones a los Derechos Humanos, reviste gravedad institucional la negativa a brindar información. A su turno, La Corte Suprema, al resolver el Recurso Extraordinario Federal, revoca la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Federal dejándola sin efecto y ordenando dictar un nuevo fallo. tomando en cuenta lo argumentado por ella

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