Abstract
El derecho a un ambiente “sano” es un derecho fundamental, ampliamente reconocido
actualmente en el mundo. Luego de su incorporación en el art. 41 de la Constitución
Nacional, el estado argentino ha adoptado como una de sus bases el principio “ambiental”
para su organización jurídica y estructural, atendiendo así que las políticas sociales tengan
en cuenta el costo ecológico del desarrollo y la conservación del medio ambiente y sus
recursos naturales. En estos tiempos, a poco que uno analiza las noticias en los distintos
medios audiovisuales así como también los pedidos e iniciativas formuladas por los
habitantes de la nación, se podrá comprender la trascendental importancia en nuestra
coyuntura del caso planteado. Estos problemas tienen una alta sensibilidad social y una
gran relevancia en los medios, y los jueces no pueden ignorar estas problemáticas de
ninguna manera