Abstract
La ley 27.275 vino a materializar el derecho de acceso a la información pública,
amparado por la Norma Constitucional y los Tratados Internacionales. Ahora bien, resulta
interesante examinar si a partir de su entrada en vigencia-29 de septiembre de 2017-ésta es
aplicable a todas las áreas y rincones de la información pública, y particularmente que sucede
con aquella información de carácter educativa que obra en poder del Estado. Esta situación
se vio reflejada en los autos “Argañaraz Olivero, c. Ministerio de Educación” en donde el
actor demandó que se le provea información sobre el reporte de los resultados de los
establecimientos educativos de la provincia de Salta que participaron de las pruebas
“aprender y enseñar” entre 2016 y 2017, toda vez que se había garantizado su publicidad.