“Acceso a la Información Pública”

Abstract

El fallo cuyo estudio nos ocupa, trata sobre el conflicto jurídico suscitado entre La Fundación para el desarrollo de Políticas Sustentables, quien en función de la Ley 8803 (Ley de acceso al conocimiento de los actos del Estado) solicitó a la Secretaria de Administración Financiera de la provincia de Córdoba, información detallada sobre la nómina actualizada de las personas físicas y jurídicas proveedores del Estado, obrante en registros. Esta petición, fue denegada bajo las premisas, que la Fundación solicitante no estaba comprendida dentro de las entidades habilitadas para hacerlo, (Dto. 1882/80) y que pretendían vulnerar las previsiones de confidencialidad de los datos establecidos en el Art. 3 de la Ley 8803. Conforme a ello, esta Fundación interpuso un recurso de Amparo por mora, por ante la Cámara Contencioso Administrativa 2da. Nominación, siendo rechazado por este Tribunal de mérito, en función del artículo 2 de la Ley 8803, juzgando que el pedido de información resultó improcedente “en tanto no cita ni individualiza, acto administrativo alguno que se hubiere emitido en relación a la documentación requerida", alegando además, que el control externo y este modo de ejercer la Soberanía popular, atenta contra la forma de Gobierno adoptada por la Provincia. A efectos de establecer la legalidad de este rechazo, la Fundación interpuso un recurso de casación por ante el S.T.J. Sala Contenciosa Administrativa. Y, en su expresión de agravios, fundamentó como base en el motivo sustancial de casación, la “...Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o la doctrina legal...” (Art. 45 Inc. a) de la Ley 7182; Const. Prov. y Ley 8803). Acusando una concepción acotada y menguada de la democracia al argumentar que "... el pueblo no delibera ni gobierna sino por sus representantes...”, descalificando cualquier pretensión democrática de la garantía de información. Con este trabajo tendremos la pretensión de establecer si el problema de estudio en este fallo, responsabiliza y en qué forma al Estado o de la entidad solicitante.

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