Abstract
En un presente donde gran parte de la sociedad no confía en la transparencia de
los actos del gobierno, donde el escepticismo parecería avanzar a un ritmo preocupante,
el acceso a la información pública se presenta como una de las mayores garantías para el
control por parte de la ciudadanía de los actos públicos, ofreciéndole al ciudadano que
quiera involucrarse un apoyo cada vez más completo a nivel jurídico. En este contexto en
septiembre del año 2016 se sanciona la Ley 27.275, Derecho de Acceso a la Información
Pública, representando un gran avance a favor de los derechos individuales.