Abstract
La Argentina, en tanto Estado de derecho democrático, sienta sus bases en la
transparencia de los actos de gobierno, contemplando y tutelando dos derechos de raigambre
constitucional y reconocimiento internacional que generan cuestiones dilemáticas
irreconciliables, por cuanto el reconocimiento de uno supone la afectación y desconocimiento
del otro: el acceso a la información pública y el derecho a la intimidad –y dentro de éste la
protección de datos personales-.