Abstract
El Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), y la sanción de su
respectiva Ley 27.2751, es producto de un esquema democrático y republicano que se ha
ido gestando en concordancia con los principios de publicidad y transparencia de la
gestión pública, con el objeto de garantizar el derecho colectivo inherente a los
ciudadanos de acceder a la información en poder del Estado. En el mismo sentido,
señala Basterra (2019), “La información no es propiedad del Estado, sino que pertenece
a los ciudadanos; en consecuencia, la información que posee la administración sólo se
justifica en su carácter de representante de la ciudadanía” (pág. 1).