Abstract
En la actualidad, nadie puede negar que la información es un bien valioso al
que incluso se le puede poner precio. Empresas, consultoras y partidos políticos, entre
otros, pagan fortunas por conocer los gustos, aversiones y preferencias de sus
potenciales clientes o electores. Quien posea más y mejor información tendrá más
poder. La información también resulta valiosa para el ciudadano, quien, en un sistema
de gobierno republicano, tiene derecho a acceder a aquella que se encuentre en manos
del estado, y así participar activamente en la marcha de los asuntos públicos, juzgar
correctamente la actuación de sus representantes y, eventualmente, hacerlos
responsables de los perjuicios que provocaran.