Abstract
El acceso a la información pública, como derecho y como política pública,
fortalece la participación ciudadana y en todo Estado soberano, donde se garantiza la
máxima divulgación de todos sus actos, no puede y no debe ser negado bajo ningún
esquema posible, lo cual se ve cristalizado en un derecho esencial.
Garantizar los derechos a la libertad de opinión y expresión que recoge la
Declaración Universal de los Derechos Humanos1, así como otras declaraciones de
similares atributos y Constituciones de diversos países, se considera como un
instrumento para promover la participación ciudadana en la gestión estatal, ya que sin
acceso a la información pública no puede haber participación política efectiva.