LEY 27401, EL DELITO DE BALANCE FALSO AGRAVADO Y EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD COMO ELEMENTO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL

Abstract

La entrada en vigencia de la Ley 27.401 que responsabiliza penalmente de manera independiente a las personas jurídicas privadas locales por la comisión de ciertos delitos contra la administración pública y el soborno transnacional ha comenzado a tener impacto en la sociedad. Esto por cuanto además de definir delitos específicos y establecer sanciones penales a las personas jurídicas privadas por los actos de sus dependientes incorpora un novedoso esquema de beneficios (que llegan incluso a la exención de la responsabilidad penal y administrativa) a aquellos entes que implementen un conjunto de herramientas de control y supervisión que eviten o bien detecten y corrijan los desvíos una vez cometido el delito: el llamado Programa de Integridad. Accionistas, socios, directores y representantes de los distintos entes buscan entonces definir e implementar mecanismos efectivos de control para la detección y prevención de las actividades ilícitas modificando su estructura, funciones, controles y procedimientos. Pero lograr dicho beneficio no será tarea fácil: la Ley establece que el Programa deberá ser “adecuado” y poseer elementos que permitan acreditar que la violación a los controles haya exigido “esfuerzo de los intervinientes” para delinquir. Pero ¿existe precisión con respecto a lo que un programa de integridad debe contener? ¿qué es un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de la Ley? ¿Cómo se valora el grado de esfuerzo necesario para delinquir? ¿Será el cumplimiento de los extremos formales suficiente para lograr la exención de pena?

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