Legitimación procesal penal- ambiental. Nuevas tendencias de la participación activa en el proceso penal como "Querellante particular" en materia ambiental.
Abstract
En el presente trabajo, aportaremos un minucioso análisis que ayude discernir sobre materia de Derecho Ambiental, inmerso en una controversia penal, remitiéndonos al caso real y concreto elegido, en donde algunos de los vecinos del sector afectado, tras denunciar el hecho, son aceptados por el Sr. Fiscal de Instrucción como querellantes particulares, con el fin de intervenir como acusadores privados en el hecho investigado en contra del imputado (Funcionario Público, que valiéndose de su cargo y función, autorizara la obra dañosa en ocasión – 2010, sin los recaudos legítimos correspondientes), siendo allí, que sus defensores interpusieron oposición ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, solicitando denegar el decreto librado por el Sr. Fiscal, a partir de donde, a clara vista está la disparidad de argumentos incorporados para resolver la cuestión hasta el pronunciamiento de la Sala Penal del máximo tribunal provincial, lo que, evidentemente conlleva una la dilación del proceso a resolver, tiempo transcurrido que constituyó un agravio irreparable para los intereses de las pretensas, toda vez que se les denegó el acceso a la justicia en tal condición, mientras utilizan la vía judicial denominada “más idónea” sin llegar al uso de la Acción de Amparo de la cual nos dota nuestra carta magna. Para ello, recurriremos a la legislación, doctrina y jurisprudencia vigente, analizando los problemas jurídicos planteados, cooperando a discernir ante la existencia de otros casos similares, con el propósito de que no se vea afectado el debido proceso en aquellos hechos que violan un derecho de incidencia colectiva como es el “Medio Ambiente”. Para ello, argumentaremos jurídicamente como afrontar la existencia del problema lingüístico inserto en el Código de Forma de nuestra provincia, al no poderse dilucidar a prima facie, quien o quienes pueden ser considerados como “Ofendido” según las nuevas tendencias en Legitimación Procesal Penal en Derecho Ambiental.
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