Abstract
El propósito de este ensayo es descifrar el dilema que nuestra sociedad está atravesando hoy en día, por un lado intentando encontrar una solución a la inseguridad sin afectar ningún derecho fundamental y por otro lado proporcionando protección efectiva a todos los ciudadanos.
Tomando el art. 76 bis, ter y quater del Código Penal argentino y todos los cambios pertinentes introducidos mediante la ley N° 24.316 como punto de partida, y considerando que las políticas de persecución criminal de un país democrático deben estar subordinadas a políticas sociales y preventivas, esta investigación tiene la intención de explicar en las siguientes páginas tanto el alcance de la ya mencionada norma como las diferentes interpretaciones a las que puede dar lugar.