Las discusiones doctrinarias y jurisprudenciales en torno a la responsabilidad extracontractual por daños del Estado.

Abstract

Uno de los principios jurídicos más importantes es, sin lugar a dudas, el alterum non laedere –no dañar al otro- que viene desde la Antigüedad y se entiende como la prohibición de perjudicar los derechos de terceros. El daño tiene una relevancia particular cuando proviene del Estado, por acción u omisión en su obrar lícito o ilegítimo, puesto que aquí entran en conflicto intereses diversos. Por un lado el derecho de la víctima a ser indemnizada y por el otro los intereses de la comunidad representada por el Estado y sus funcionarios. El problema de la responsabilidad estatal por daños y sus diferentes alternativas de solución ha recorrido un largo camino en paralelo con el desarrollo del derecho público administrativo cuyo origen no se remonta a la Edad Antigua, como es el caso del derecho civil. En consecuencia, es fácil comprender por qué en la génesis del concepto las teorías civilistas tuvieron un rol esencial en la elaboración de respuestas a la problemática, produciendo innumerables debates y discusiones que se analizan en este trabajo. La responsabilidad del Estado es un concepto en permanente construcción desde hace por lo menos doscientos años, desde la creación del Estado de Derecho a fines del siglo XVIII. A partir de allí los países en Occidente han adoptado diversas posturas y aplicado diferentes teorías ante el comportamiento irregular del Estado. Sin embargo, el trayecto de la marcha hacia la especificidad en la regulación no difiere mucho de un país a otro. Actualmente, todos los ordenamientos revisados en la presente investigación responsabilizan –en mayor o menor medida- al Estado por daño extracontractual y muchos países lo regulan desde sus Constituciones. Nuestro país no ha sido ajeno a estos avatares del Derecho y por lo tanto este trabajo pretende aportar a la sistematización de las distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales sobre el tema, incluyendo como corolario la reciente legislación –nuevo Código Civil y Comercial y Ley de Responsabilidad Estatal- que lleva el problema de la responsabilidad del Estado al campo del Derecho Administrativo, tratando de resolver una controversia de vieja data.